La ex primera ministra Betssy Chávez cumple varios días en huelga de hambre seca en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, medida que retomó el sábado 23 de agosto tras una breve tregua de 48 horas. Chávez se niega a ingerir alimentos y agua como protesta por presuntos abusos cometidos por funcionarias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y amenazas recibidas por internas vinculadas a organizaciones criminales.
Según el informe médico del INPE, su organismo podría colapsar en un plazo de 72 horas si mantiene esta medida extrema. El documento advierte que la falta de hidratación puede provocar falla renal, alteraciones cardiovasculares y la muerte.
Chávez ha denunciado hostigamientos, restricciones para acceder a servicios básicos y presiones que, según ella, buscan impedir su defensa legal en el juicio que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su abogado, Raúl Noblecilla, ha solicitado su traslado al penal Virgen de Fátima y la remoción de tres funcionarias penitenciarias señaladas en sus denuncias.
La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito han sido notificadas para evaluar una posible intervención ante el deterioro de su salud y la gravedad de sus acusaciones. El caso ha generado preocupación entre congresistas y organizaciones de derechos humanos por el riesgo que enfrenta la exfuncionaria.
