El pleno del Congreso aprobó una resolución legislativa destinada a que todas las instituciones públicas esté obligadas a atender los pedidos de información que hagan los miembros del Legislativo. La iniciativa subsana los alcances del artículo 87 del Reglamento del Parlamento Nacional, señaló la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano.
En el artículo 87 de dicho texto se establece que todas las entidades públicas deben de atender los pedidos de información de los legisladores. Sin embargo, “el segundo párrafo solo hace referencia a los ministros, lo que hace que otros pedidos a autoridades regionales y locales no sean atendidos”, añadió.
Precisó que, a mayo del presente año, de las 1468 solicitudes solo fueron respondidas 819. Dijo que de los 361 pedidos a gobiernos locales, solo 153 fueron respondidos, mientras que los gobiernos regionales, solo contestaron 80 de las 173 peticiones.
El referido artículo fue modificado, para que “cualquier congresista puede pedir” información a ministros, miembros del JNE, contralor general, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, gobiernos regionales y locales y demás organismos públicos.
El pedido de información deberá ser puesto en conocimiento de la mesa directiva del Congreso. Si en 15 días no responden o se niegan a responder, la mesa directiva procederá a reiterar el pedido. Siete días después, la autoridad a la que se requirió información está obligada a responder personalmente según corresponda.
