El Poder Judicial ha decidido prolongar la prisión preventiva de Pedro Castillo por un período adicional de 14 meses. Esta medida se basa en la acusación de rebelión relacionada con el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, por el cual enfrenta una solicitud de 34 años de cárcel.
Durante la audiencia de evaluación de la solicitud de 18 meses presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el juez Juan Carlos Checkley determinó que este plazo era desproporcionado. Considerando el tiempo necesario para la etapa intermedia y un posible juicio oral, así como el número de acusados, el juez ha establecido un periodo de 14 meses, que se extenderá desde el 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025.
Es importante destacar que, aunque la medida original venció el 6 de junio, persiste otra orden de prisión preventiva por 36 meses en relación con los presuntos delitos de organización criminal y corrupción en los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también ha señalado la posibilidad de fuga de Castillo si se le otorgara una medida diferente a la prisión preventiva, considerando el asilo potencial que podría obtener en México, como evidencian las acciones diplomáticas y el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Ministerio Público acusa a Castillo de delitos adicionales como abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, y argumenta que existe riesgo de fuga debido a la situación de su familia en México, la falta de arraigo laboral y su presunta obstrucción a la justicia.
En respuesta a esta decisión, el abogado de Castillo, Luis Medrano Girón, ha solicitado que se rechace la ampliación de la prisión preventiva y se considere una alternativa como la comparecencia con restricciones. Castillo ha declarado su compromiso de permanecer en el país y ha negado haber obstaculizado las investigaciones en su contra.
