La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) identificó cuatro zonas críticas de deforestación que concentran el 70.3 % de la pérdida de bosque reciente (2019–2023), equivalente a 602,022 hectáreas. Las regiones más afectadas son Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios.
En su informe Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana, la organización advierte que más de tres millones de hectáreas de bosque han sido deforestadas en los últimos 22 años. Esta cifra equivale a perder once veces el área de Lima Metropolitana y representa el 4.5 % del bosque húmedo amazónico del país.
Según el análisis, la mayor parte de esta pérdida —1.45 millones de hectáreas— ocurrió en áreas sin tenencia definida, incluyendo zonas de extracción de hidrocarburos o minerales, así como tierras aún no asignadas formalmente. Asimismo, se estima que el 49 % del área deforestada se destina a actividades agropecuarias, mientras que el 43 % presenta señales de recuperación natural.
Los distritos con mayor deforestación coinciden con áreas de alta densidad de cultivos de hoja de coca, corredores viales críticos y lugares donde se reportan más situaciones de riesgo para las personas defensoras del ambiente.
Zonas críticas de deforestación
La cuenca del río Ucayali y sus afluentes concentran el 45 % de la deforestación amazónica peruana entre 2001 y 2023 —casi 1.38 millones de hectáreas—, con un 28 % perdido solo en los últimos cinco años. En este bloque, la deforestación ocurre principalmente en parcelas menores de cinco hectáreas, lo que sugiere un fuerte vínculo con la expansión de cultivos de hoja de coca.
En la Amazonía Sur, conformada por Madre de Dios y provincias aledañas de Cusco y Puno, se deforestaron cerca de 387,686 hectáreas, un tercio de esta pérdida entre 2019 y 2023. Esta zona está asociada principalmente con la expansión de la minería ilegal, especialmente en Tambopata, Manu y Tahuamanu.
En la cuenca media del río Marañón, una zona de difícil acceso entre Amazonas y Loreto, se perdieron 51,456 hectáreas en el mismo periodo. FCDS Perú considera este bloque como un foco emergente de deforestación debido al crecimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
En el Bajo Amazonas (Loreto), que abarca la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, se perdieron 36,491 hectáreas. Aunque esta región registró una menor pérdida, el informe señala su alta vulnerabilidad por su ubicación transfronteriza, la presencia de cultivos ilícitos y grupos de crimen organizado transnacional como el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital y disidentes de las FARC.
Comunidades indígenas bajo presión
El informe reporta que la deforestación en territorios de comunidades nativas representa el 19 % del total nacional, con 582,746 hectáreas afectadas. Estas comunidades enfrentan amenazas constantes por invasiones, tráfico de tierras, tala y minería ilegal, además de una creciente presión vinculada a cultivos ilícitos.
En contraste, las áreas naturales protegidas y las concesiones para conservación, ecoturismo y reforestación mantienen bajos niveles de deforestación (menos del 5 % del total). Esto sugiere que un régimen de uso formalizado y con vigilancia efectiva puede reducir significativamente la pérdida de bosque.
Una investigación de Unidos por los Bosques
Los hallazgos del informe fueron compartidos durante la presentación de logros y avances de “Unidos por los Bosques: fortaleciendo agentes de cambio”, una iniciativa de FCDS Perú que entre 2022 y 2025 convocó acciones colectivas con jóvenes, periodistas, comunicadores y autoridades para promover la sostenibilidad de la Amazonía.
En ese marco, FCDS Perú generó nueve documentos técnicos como parte de su trabajo continuo de investigación y análisis sobre las dinámicas de deforestación, y la promoción de soluciones de largo plazo enfocadas en el bienestar humano, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones de autoridades regionales y nacionales.
La iniciativa también fortaleció las capacidades de 40 servidores públicos, 18 lideresas ambientales, 100 periodistas y una red de organizaciones juveniles amazónicas sobre los retos y oportunidades de la Amazonía peruana. Esto ha permitido impulsar políticas públicas a favor de la protección de los bosques y posicionar el tema en la agenda nacional.
