El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ha ordenado este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión se produce tras una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario, que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad individual. La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió revocar la orden de detención inmediata emitida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, argumentando que sus fundamentos eran “vagos, imprecisos y desproporcionados”.
Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, en lo que ha sido denominado el “juicio del siglo” en Colombia. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por supuestamente intentar influir en testigos para que cambiaran sus versiones sobre sus vínculos con el paramilitarismo.
La defensa del expresidente cuestionó que la jueza justificara la detención con argumentos como “la convivencia pacífica” y “el efecto ejemplarizante”, calificándolos de ambiguos y sin sustento jurídico. El Tribunal Superior coincidió en que tales motivaciones no eran suficientes para restringir la libertad de Uribe mientras se resuelve la apelación.
Uribe reaccionó con un mensaje en redes sociales agradeciendo “a Dios y a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad”, y aseguró que “cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.
Aunque el fallo le permite enfrentar el proceso en libertad, el expresidente sigue vinculado al caso, y se espera que el Tribunal se pronuncie en segunda instancia antes del 16 de octubre. La decisión ha generado intensas reacciones en el ámbito político colombiano, reavivando el debate sobre la independencia judicial y el papel de los expresidentes en la justicia.
