El devastador incendio ocurrido en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ha dejado un saldo de 159 fallecidos, según confirmaron las autoridades de Hong Kong tras culminar la inspección de las torres afectadas. Entre las víctimas se encuentran un bebé de un año y una persona de 97 años, lo que refleja la magnitud de la tragedia.
El fuego, que comenzó el 26 de noviembre de 2025, tardó dos días en ser controlado. El complejo estaba cubierto por andamios de bambú y redes verdes debido a trabajos de renovación, lo que habría facilitado la propagación de las llamas.
La policía de Hong Kong informó que se han realizado seis detenciones vinculadas a la empresa proveedora de equipos contra incendios instalados en los edificios. Las autoridades investigan posibles fallas en las alarmas, materiales de baja calidad y negligencia en las obras de mantenimiento, que podrían haber agravado el desastre.
El gobierno local anunció que revisará los protocolos de renovación de edificios, el uso de materiales en obras y la supervisión de empresas certificadoras, en un intento por evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
El incendio ha generado una profunda conmoción en la población y ha sido descrito como el más mortífero en la historia de Hong Kong. Además, el órgano de seguridad nacional del Gobierno central denunció que “fuerzas hostiles” intentan aprovechar la tragedia con fines políticos.
La magnitud del desastre ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en los grandes complejos residenciales de la ciudad, donde miles de personas viven en torres de alta densidad.
Este incendio se considera uno de los más graves ocurridos en el mundo desde la década de 1980. La tragedia pone en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades con alta densidad poblacional y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias.
Las autoridades continúan con la recuperación de restos y pruebas en las siete torres afectadas, mientras unas 30 personas siguen desaparecidas. El proceso judicial y administrativo que se abre a partir de ahora será clave para determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
