El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento del 7,2% en las jubilaciones, un bono mensual adicional de 40.000 pesos y la declaración de emergencia en discapacidad, entre otras medidas de protección social.
El Gobierno argumentó que las leyes vetadas atentaban contra el equilibrio fiscal, al no especificar el origen de los fondos necesarios para su implementación. Según estimaciones oficiales, las medidas implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026.
Milei reafirmó su postura con la consigna que ha repetido desde el inicio de su gestión: “No hay plata”.
El veto afecta a millones de adultos mayores y personas con discapacidad, muchos de los cuales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Organizaciones sociales y colectivos de discapacidad convocaron a movilizaciones frente al Congreso y en distintas ciudades del país. Legisladores opositores calificaron la medida como “cruel” y “vergonzosa”, y trabajan para reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras para revertir el decreto presidencial.
También hay otras medidas vetadas: la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no contaban con 30 años de aportes, también fue anulada; y se rechazó la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y la actualización automática de aranceles para prestadores del sistema de discapacidad.
Este veto marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento argentino, en medio de una política de ajuste que ha generado tensiones sociales y protestas masivas.
