Japón ejecutó a Takahiro Shiraishi, conocido como el «asesino de Twitter», condenado por el asesinato y descuartizamiento de nueve personas en 2017. Shiraishi, de 34 años, utilizaba la red social para contactar a personas con pensamientos suicidas, a quienes prometía ayudarlas a morir. Las citaba en su apartamento en la ciudad de Zama, al sur de Tokio, donde las mataba y ocultaba sus restos en cajas y neveras portátiles.
El caso estremeció a la sociedad japonesa por la brutalidad de los crímenes y el uso de redes sociales como medio para captar a víctimas vulnerables. Durante el juicio, el acusado se declaró culpable y afirmó que sus víctimas no querían realmente morir. La defensa intentó argumentar que los asesinatos fueron consensuados, pero el tribunal determinó que Shiraishi actuó por motivos egoístas y sádicos, descartando cualquier consentimiento válido.
La ejecución se llevó a cabo por ahorcamiento en un centro de detención de Tokio. Se trata de la primera ejecución en el país desde 2022 y la primera bajo el mandato del primer ministro Shigeru Ishiba. El Ministerio de Justicia informó que la decisión se tomó con extremo cuidado, subrayando la gravedad y el impacto social del caso.
El crimen y su desenlace han reavivado el debate sobre la pena de muerte en Japón, donde las ejecuciones se realizan en secreto y con poca antelación, una práctica que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera del país.
Takahiro Shiraishi fue arrestado en octubre de 2017 por el asesinato de nueve personas —ocho mujeres y un hombre— en Japón. Tenía 27 años en ese momento y residía en la ciudad de Zama, al sur de Tokio. Su caso atrajo gran atención pública por la forma en que contactaba a sus víctimas: mediante Twitter, donde identificaba a personas con pensamientos suicidas y les ofrecía acompañamiento para morir, como una supuesta forma de «ayuda».
Una vez en su domicilio, Shiraishi asesinaba a las víctimas y ocultaba los restos en su apartamento. Fue detenido tras una investigación policial iniciada por la desaparición de una joven de 23 años. Al registrar la vivienda, las autoridades encontraron pruebas contundentes de los crímenes, incluyendo restos humanos almacenados en neveras portátiles y cajas.
Durante el juicio, Shiraishi se declaró culpable y mostró escaso arrepentimiento. La defensa intentó alegar que los homicidios fueron consensuados, pero el tribunal determinó que actuó por motivos personales y violentos, sin consentimiento real. Fue condenado a muerte en 2020, y su ejecución por ahorcamiento se llevó a cabo en 2025.
El caso generó un debate profundo en Japón sobre el papel de las redes sociales, la salud mental, la vulnerabilidad en línea y la aplicación de la pena capital. También dejó una fuerte huella en la opinión pública, por la forma en que se aprovechó del sufrimiento de personas vulnerables.
Si deseas, puedo ayudarte a convertir este resumen en una crónica periodística o agregar el contexto legal y social del caso.
