A Harvard sign is seen at the Harvard University campus in Boston, Massachusetts, on May 27, 2025. Harvard students protested Tuesday after the US government said it intends to cancel all remaining financial contracts with the university, President Donald Trump’s latest attempt to force the prestigious institution to submit to unprecedented oversight. (Photo by Rick Friedman / AFP) (Photo by RICK FRIEDMAN/AFP via Getty Images)
La Universidad de Harvard obtuvo una victoria judicial clave frente a la administración del presidente Donald Trump, luego de que una jueza federal de Boston declarara ilegal la congelación de más de 2,200 millones de dólares en fondos federales destinados a investigación científica, médica y tecnológica.
La decisión fue emitida por la jueza Allison D. Burroughs, quien concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno violaban la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y la autonomía académica. Según el fallo, el gobierno utilizó el antisemitismo como “cortina de humo” para justificar un ataque ideológico contra las principales universidades del país, en especial aquellas con políticas progresistas de diversidad e inclusión.
El conflicto se originó a inicios de 2025, cuando el gobierno de Trump acusó a Harvard de no proteger adecuadamente a sus estudiantes judíos e israelíes durante las protestas universitarias contra la guerra en Gaza. En represalia, se ordenó la suspensión de fondos federales, la revocación de certificaciones para estudiantes extranjeros y la exigencia de cambios drásticos en las políticas de admisión y contratación de personal.
A diferencia de otras universidades que optaron por acuerdos económicos para resolver sus disputas —como Columbia, que pagó más de 200 millones de dólares— Harvard decidió acudir a los tribunales. El fallo de Burroughs no solo revoca las medidas impuestas, sino que refuerza la posición de la universidad en futuras negociaciones con el gobierno federal.
Aunque la administración Trump ha anunciado que apelará la decisión, el dictamen representa un precedente importante en defensa de la libertad académica y podría influir en otros casos similares que enfrentan instituciones educativas en Estados Unidos.
