Desde este lunes 9 de junio, Estados Unidos ha implementado una prohibición de ingreso para ciudadanos de 12 países, como parte de una nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
La medida afecta a personas provenientes de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se han impuesto restricciones parciales a ciudadanos de otros siete países, incluyendo Venezuela y Cuba.
El gobierno estadounidense argumenta que la prohibición responde a riesgos de seguridad nacional, señalando que los países afectados no cumplen con ciertos requisitos de cooperación en materia de visados y antecedentes penales.
A pesar de la restricción general, existen excepciones para algunos casos específicos, como residentes permanentes en EE.UU., ciudadanos con doble nacionalidad que ingresen con pasaporte de un país no vetado, y titulares de visas diplomáticas.
La medida ha generado reacciones diversas a nivel internacional, con críticas por parte de gobiernos afectados y organizaciones de derechos humanos que consideran la prohibición como una acción discriminatoria.
Las autoridades estadounidenses han indicado que la restricción será revisada cada 180 días, aunque no se ha establecido una fecha de finalización.
