La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha solicitado a la justicia cumplir su condena de seis años de prisión en su domicilio, tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Suprema. La condena, impuesta en 2022 por administración fraudulenta en la concesión de obras viales, también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido fue presentado formalmente por su abogado, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, argumentando que Fernández, de 72 años, cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, según la legislación argentina. La solicitud especifica que la pena se cumpliría en su residencia ubicada en el barrio de Constitución, en Buenos Aires.
El tribunal ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para que la exmandataria se presente ante los tribunales de Comodoro Py para su detención. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional deberá asignar una dependencia de las fuerzas federales que garantice condiciones adecuadas para su alojamiento, considerando su edad, su condición de exmandataria y el intento de asesinato que sufrió en 2022.
Por otro lado, el abogado Gregorio Dalbón ha anunciado que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional en La Haya, denunciando una supuesta persecución política contra Fernández. Según Dalbón, el proceso judicial estuvo direccionado desde su origen con el objetivo de proscribir a la dirigente peronista.
La solicitud de prisión domiciliaria ha generado un intenso debate en Argentina, donde sectores políticos y ciudadanos expresan opiniones divididas sobre el caso y sus implicaciones para el futuro político del país.
