La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en el marco del caso Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
El fallo, emitido por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso presentado por la defensa de Fernández, quien alegó ser víctima de una persecución política. La sentencia ratifica la decisión tomada en 2022, cuando la exmandataria fue condenada por administración fraudulenta en la concesión de 51 obras públicas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Con esta decisión, Fernández podría ser detenida en los próximos días, aunque su defensa podría solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, dado que la exmandataria tiene 72 años. Además, la condena la deja fuera de las elecciones legislativas de septiembre, donde había anunciado su candidatura.
El presidente Javier Milei reaccionó al fallo a través de sus redes sociales, afirmando que se ha logrado «justicia» y que la república funciona. Mientras tanto, seguidores de Fernández han expresado su rechazo a la decisión judicial, calificándola de un intento de proscripción política.
Las repercusiones del fallo podrían intensificar la polarización política en Argentina, en un año clave para las elecciones legislativas.
