La justicia colombiana dictó una sanción de siete años de privación de libertad contra el menor de 15 años implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, en un caso que conmocionó a la opinión pública por la violencia del hecho y la corta edad del autor. La medida fue impuesta tras concluir el proceso judicial en el que se determinó la responsabilidad penal del adolescente, conforme al marco legal aplicable a menores infractores.
La sentencia fue emitida por el juzgado especializado en familia, que evaluó los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, incluyendo testimonios, peritajes y evidencias materiales. El menor fue hallado responsable del delito de homicidio calificado, y se dispuso su internamiento en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación.
La sanción contempla medidas de seguimiento psicológico y educativo, orientadas a su reinserción social, conforme a lo establecido en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. La familia de la víctima expresó su disconformidad con la duración de la sanción, mientras que diversas organizaciones civiles han solicitado revisar los mecanismos de prevención y atención de la violencia juvenil.
Este caso reabre el debate sobre la eficacia del sistema de justicia juvenil en el país, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad, educación y salud mental para adolescentes en situación de riesgo.
El senador colombiano y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito, barrio Modelia, Bogotá. Un adolescente de 15 años, identificado con el alias “Tianz”, le disparó con una pistola Glock 9 milímetros, causándole heridas graves en la cabeza y una pierna. Uribe falleció el 11 de agosto tras permanecer hospitalizado por más de dos meses.
El menor fue capturado en flagrancia por el esquema de seguridad del senador, cuando intentaba huir en una motocicleta. Posteriormente, fue judicializado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, aceptó los cargos y colaboró con la Fiscalía, proporcionando información clave sobre la estructura criminal detrás del ataque.
La investigación reveló que el atentado fue coordinado por una red criminal, presuntamente vinculada a disidencias de las FARC, y que el menor recibió instrucciones de alias “El Costeño” y el arma de alias “Gabriela”. Se le habría ofrecido una suma de 20 millones de pesos por ejecutar el crimen, aunque nunca recibió el pago.
El juez especializado en menores lo sancionó con siete años de privación de libertad en un centro especializado, una de las penas más altas contempladas por la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia. La familia de Uribe expresó su inconformidad con la sanción, señalando que no se equipara con la gravedad del crimen ni con el dolor causado.
