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Por: Joyce Meyzán Caldas*
Ser docente universitario encierra una complejidad que solo se entiende desde la experiencia. A menudo mis propios estudiantes me lo preguntan con genuina curiosidad: “¿Es fácil y rentable ser docente universitario?” La respuesta no es inmediata ni uniforme. Mi trayectoria, construida entre institutos y universidades tanto de la capital como de la región, me permite afirmar que la docencia superior es una profesión que trasciende lo monetario, pero también una labor atrapada en contradicciones estructurales que la convierten en una carrera tan apasionante como retadora. Ser docente no consiste únicamente en impartir clases; es asumir una vocación profunda, con una responsabilidad social que moldea vidas, y que, aunque a veces pasa desapercibida, sostiene el desarrollo intelectual y social del país.
La educación superior no existe solo para transmitir información ni certificar habilidades técnicas. Su propósito es formar mentes críticas, fomentar el pensamiento analítico y promover una ciudadanía que cuestione, innove y transforme. El docente es el puente entre la información y el conocimiento, entre la teoría y la práctica, entre la duda y la investigación. Es quien convierte el caos de los conceptos dispersos en rutas claras de aprendizaje. Su impacto se multiplica en cada estudiante que se convierte en profesional ético, en cada investigador que abre nuevas líneas de estudio y en cada ciudadano que toma decisiones responsables. Por ello, el rol docente es simultáneamente académico, ético y político. Esta dimensión intangible, pero poderosa, constituye la primera gran recompensa no económica: el legado social de educar.
Sin embargo, junto a esta nobleza aparece la tensión más persistente del oficio: la brecha entre la enorme responsabilidad y las precarias condiciones laborales que caracterizan la docencia en el Perú. Nadie puede enseñar bien si no investiga, si no se actualiza, si no renueva su metodología. Por ello, el docente vive sometido a un ciclo permanente de especialización: diplomados, maestrías, doctorados, certificaciones, cursos internacionales, congresos, lecturas y la producción constante de artículos científicos y libros. Esta exigencia, indispensable para garantizar calidad educativa, recae casi siempre en el bolsillo del propio docente. Pocas instituciones financian, incentivan o reconocen esta inversión en capital humano.
La distorsión más evidente aparece en el modelo de pago por horas lectivas, predominante en universidades e institutos privados. Desde fuera puede parecer razonable; desde dentro resulta profundamente injusto. El docente solo es remunerado por el tiempo frente a los estudiantes, mientras que las horas no lectivas —que constituyen la esencia del trabajo académico— quedan completamente invisibles. Entre ellas se encuentran la revisión de tesis y proyectos, las funciones de jurado evaluador, la preparación detallada de materiales, la elaboración de exámenes y rúbricas, la actualización bibliográfica permanente, la investigación, la escritura académica y una serie de tareas administrativas asignadas bajo el rótulo de “compromiso institucional”.
Este modelo no solo desconoce el trabajo real, sino que además produce inestabilidad económica. En meses sin clases no hay ingresos; en feriados no existe pago; en vacaciones no se reconoce la labor previa. Esto empuja a muchos docentes a buscar múltiples empleos, desplazándose de un campus a otro como parte del conocido “taxi universitario”. El resultado es menos tiempo para investigar, para acompañar adecuadamente a los estudiantes o para crear proyectos de innovación educativa. La calidad, inevitablemente, se deteriora. A estas dificultades se suman las limitaciones a la libertad de cátedra impuestas por algunas instituciones, que obligan a ceñirse a sumillas rígidas e impiden incorporar temas actuales o enfoques pertinentes para cada grupo estudiantil.
La raíz de este problema es clara: no se valora institucionalmente el nivel de formación que exige la docencia universitaria. Un docente con maestría o doctorado —y con producción científica vigente— posee una especialización comparable a la de otros profesionales del Estado, como fiscales, jueces o directivos de alto nivel. Sin embargo, la remuneración y la estabilidad distan abismalmente. Esta realidad sustenta la lucha por la homologación salarial en universidades públicas, una reivindicación que busca equiparar ingresos, beneficios laborales, seguridad social y oportunidades de desarrollo profesional con aquellos de otros cargos estatales del mismo nivel académico. La homologación no es un privilegio; es justicia. Es reconocer que quienes forman a las futuras élites profesionales merecen condiciones dignas para hacerlo.
Un sistema universitario sólido necesita docentes estables, con tiempo para investigar y con condiciones que les permitan ejercer la academia con profundidad. Esto implica escalas salariales acordes al grado académico, regímenes adecuados de pensión y jubilación, y modalidades de dedicación exclusiva o tiempo completo que favorezcan una docencia integral. Implica, sobre todo, comprender que el trabajo intelectual no puede reducirse a horas lectivas ni a indicadores superficiales.
Ser docente universitario en el Perú es un acto de fe, de convicción y de resistencia. Exige carácter, sacrificio y un compromiso que muchas veces las instituciones no alcanzan a dimensionar. Pero su impacto es tan grande que ningún país que aspire a la innovación, al desarrollo sostenible y a una ciudadanía crítica puede darse el lujo de desvalorizar a quienes educan. Por eso, dignificar al docente no es un gasto: es la inversión más estratégica para el futuro del país. Reconocer las horas invisibles, proteger la libertad de cátedra y asegurar condiciones justas es indispensable para formar profesionales capaces de transformar su entorno. Porque, en el fondo, la verdadera pregunta no es si es bueno ser docente universitario, sino si estamos dispuestos —como sociedad— a darle a este rol la dignidad que merece.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzn
