Por: Joyce Meyzán Caldas*
Cada 3 de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En el Perú, esta fecha no llega con motivos de celebración. Llega con periodistas asesinados, con redacciones amenazadas y con la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo indiferentes?
En los primeros cuatro meses de 2026, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú documentó 140 ataques contra periodistas y medios de comunicación en todo el territorio nacional. No son cifras abstractas. Son colegas intimidados, micrófonos arrebatados, historias que nunca llegaron a publicarse porque alguien, con más poder que escrúpulos, lo impidió. Infobae
El año pasado dejó cuatro periodistas asesinados en el país. El primero fue Gastón Medina Sotomayor, director y propietario de Cadena Sur TV en Ica, de 61 años. Había dedicado décadas a denunciar la corrupción del gobierno regional, la municipalidad local y las mafias extorsionadoras en el transporte público. Medina había recibido amenazas directas de muerte desde 2022, y la sede de Cadena Sur TV había sido atacada con explosivos ese mismo año. El 20 de enero de 2025, un individuo a bordo de una motocicleta le disparó al menos ocho veces frente a su vivienda cuando se preparaba para salir a trabajar. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció a causa de las heridas. Su pareja recordó después que él siempre decía que la única forma de callarlo sería matarlo. Y tenía razón. InfobaeInternational Federation of Journalists
El último de ese año fue Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, comunicador formado en las aulas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Tenía 34 años, conducía Radio Latín Plus 107.7 FM en Aguaytía e investigaba presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad. El 12 de diciembre de 2025, dos sicarios lo interceptaron cuando salía rumbo a su trabajo y le dispararon en cinco ocasiones. Fue trasladado de emergencia al Hospital de Tingo María y, días después, a Lima. Murió catorce días después del ataque. El Director General de la UNESCO condenó el crimen y subrayó que los asesinatos de periodistas tienen un efecto paralizante en la libertad de expresión y en la sociedad en su conjunto. El país, sin embargo, apenas se detuvo a escuchar. CorreoUNESCO
El vínculo entre Castillejos y la región de Huánuco no fue solo médico: fue el hospital de Tingo María quien lo recibió en sus horas más críticas. Una región que, además, no es ajena a la presión sobre la prensa. Huánuco registra cuatro incidentes documentados contra periodistas en lo que va de 2026, con una concentración de casos en el mes de marzo. Entre los episodios más recientes figura el acceso restringido de cuatro comunicadores a una actividad oficial del Gobierno Regional. Los periodistas no pudieron ingresar a la sede institucional a pesar de que la convocatoria al evento había sido difundida por el propio equipo de comunicaciones de la institución. El hecho fue transmitido en vivo desde la puerta y generó un debate en el gremio local sobre los alcances del derecho al acceso a la información pública en la región. La RepúblicaCorreo
Porque la amenaza a la prensa no siempre llega con balas. Llega también con puertas cerradas, con accesos denegados, con descalificaciones desde tribuna oficial. Y cuando esas restricciones se normalizan, el problema ya no es solo del periodista que se queda afuera: es de la ciudadanía que se queda sin saber qué ocurre dentro. En 2026, los principales agresores de periodistas en el Perú fueron civiles con vínculos a candidatos o partidos políticos, y la prensa digital fue el blanco más afectado, con 86 de los 140 ataques documentados. RPP Noticias
El contexto global tampoco ofrece consuelo. Reporteros Sin Fronteras calificó 2025 como el año más mortífero registrado para los periodistas en todo el mundo. El Índice Chapultepec 2025 ubica al Perú entre los países de la región con mayores restricciones a la libertad de prensa, en la misma categoría que Cuba y El Salvador. No es un ranking del que debería sorprendernos: es una fotografía que nos retrata con precisión. Europahoy
Vale preguntarse qué ocurre cuando una sociedad normaliza la violencia contra quienes la informan. Lo que ocurre es esto: los periodistas se autocensuran. Los medios pequeños, con recursos escasos y sin respaldo institucional, empiezan a decidir qué temas dejar de tocar. Las fuentes se cierran. La ciudadanía deja de saber lo que ocurre en sus municipios, en sus gobiernos regionales, en las instituciones que administran su dinero y definen su calidad de vida. Y el poder, sin fiscalización, se consolida.
Gastón Medina denunció hasta el día que lo callaron. Mitzar Castillejos salía cada mañana a trabajar en una zona marcada por economías ilícitas y corrupción enquistada. Mis colegas de Huánuco y de todas las regiones del país hacen lo mismo: con recursos mínimos, sin protocolos de seguridad y sin mecanismos reales de protección del Estado.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas. Es el derecho de cada ciudadana y ciudadano a conocer la verdad. Y cuando esa verdad se silencia, todos perdemos algo que difícilmente se recupera.
Y en ese punto, la indiferencia deja de ser una postura neutral y se convierte en complicidad pasiva.
Informar en el Perú sigue siendo un acto de valentía. Hacerlo en regiones donde la presión institucional es cotidiana y la impunidad tiene domicilio conocido es, además, un acto de resistencia. Una que merece reconocimiento, protección y, sobre todo, respaldo ciudadano.
Callar no es neutralidad. Nunca lo fue.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
