Por: Joyce Meyzán Caldas*
Próximamente, el calendario nos situará ante una nueva conmemoración del Día del Periodista en el Perú. Como ocurre cada año, no faltarán los discursos institucionales, los saludos protocolares y los aplausos solemnes dedicados a la «noble misión» de buscar la verdad. Sin embargo, nos preguntamos ¿de verdad existe algo que celebrar cuando ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en nuestro país?
La cercanía de esta efeméride no encuentra a la prensa peruana en un ambiente de festejo, sino en un clima marcado por el luto, la impunidad y la indignación. El vil asesinato de Susy Aponte Polo, conocida popularmente como “La China Polo”, ocurrido el pasado 19 de septiembre en un mercado de Caraz, es la prueba más sangrienta de que fiscalizar al poder en el Perú puede costarle la vida a cualquiera. Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Aponte fue acribillada a balazos en medio de una actividad pública. Lo más sombrío del caso no es solo la brutalidad de la agresión, sino que nueve días antes la propia periodista había denunciado públicamente estar recibiendo graves amenazas de muerte procedentes de establecimientos penitenciarios. Advertidas las autoridades, la protección estatal jamás llegó.
El trágico final de “La China Polo” no constituye un hecho aislado ni una lamentable coincidencia. Es el síntoma visible de un deterioro profundo y sistémico que afecta con especial saña a quienes ejercen la profesión en las regiones. Investigar fuera de Lima equivale a trabajar en una trinchera solitaria. En las provincias, las distancias entre el investigador y el investigado son mínimas: el periodista transita por las mismas calles, acude a los mismos espacios y convive a diario con las autoridades cuestionadas, las economías ilegales y los grupos criminales a los que denuncia. Allí, firmar un reportaje de investigación no es un mero trámite redaccional; es una apuesta donde se arriesga la integridad personal y la de toda una familia.
Las cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) dan cuenta de este escenario alarmante. Solo el año 2025 cerró con cuatro periodistas asesinados en el país —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos— y un escalofriante registro de 458 ataques contra la prensa y los medios de comunicación. De esa cifra, más de un centenar correspondió a amenazas directas y hostigamiento habitual. A esta espiral de violencia se suma la agresión diferenciada que padecen las mujeres periodistas, sometidas recurrentemente a campañas de estigmatización, acoso en redes sociales y desprestigio orientados a invalidar su trabajo de investigación.
Conviene recordar que el peligro rara vez empieza con el estallido de un disparo. Antes del ataque físico, la maquinaria de la intimidación opera mediante un patrón predecible: difamación en redes sociales, agresiones verbales, presiones económicas y el uso perverso de querellas judiciales destinadas a asfixiar financieramente a los reporteros. Cuando el Estado reacciona con indiferencia ante las primeras señales de alerta y la violencia se normaliza, el mensaje hacia los agresores es nefasto: silenciar a un periodista en el Perú es casi gratuito.
Frente a esta realidad, es fundamental dejar claro que exigir garantías de seguridad para el ejercicio periodístico no significa reclamar privilegios corporativos ni tratos de favor. Significa defender uno de los pilares más elementales de cualquier sistema democrático. Cuando el miedo o la violencia obligan a un periodista a guardar la grabadora o a engavetar un informe confidencial —tal como ocurrió con el equipo de Susy Aponte, que prefirió suspender la difusión de sus últimas investigaciones tras su muerte—, el daño no se limita a la redacción. La principal afectada es la ciudadanía en su conjunto.
Sin periodismo libre e independiente, la sociedad pierde la capacidad de fiscalizar el uso de los fondos públicos, conocer los malos manejos en las contrataciones estatales y detectar los abusos de poder. El silencio forzado de la prensa solo beneficia a quienes buscan impunidad en las sombras. Cuando quienes hacen las preguntas callan por temor a represalias, es la ciudadanía la que queda a ciegas.
Esta crisis plantea también un desafío directo a las facultades de comunicación y universidades del país. La formación académica ya no puede reducirse a la enseñanza de técnicas de redacción, producción audiovisual o gestión de redes. Formar comunicadores en el Perú actual exige impartir herramientas para la investigación rigurosa, la protección de fuentes, la gestión de riesgos físicos y digitales, y la defensa de los derechos profesionales.
En el próximo 01 de octubre, Día del Periodista, el mejor homenaje para Susy Aponte y para todos los comunicadores y periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor no son las felicitaciones ni las medallas de ocasión. Es la exigencia firme de una justicia integral que alcance a los autores intelectuales del crimen, y el compromiso real de proteger a quienes buscan respuestas. Informar es un derecho de todos y jamás debería convertirse en una condena.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
