Gobierno oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030

Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil  

El Poder Ejecutivo oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030, la cual de es cumplimiento obligatorio para las entidades de la Administración Pública, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM que lleva las firmas del presidente Francisco Sagasti, de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de los los titulares del Ambiente, Gabriel Quijandría; Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y Defensa, Nuria Sparch.

Asimismo, de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio; Energía y Minas, Jaime Gálvez; Producción, José Luis Chicoma; Transportes y Comunicaciones, Eduardo González; y Vivienda y Construcción, Solangel Fernández.

Se precisa que las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno y en el contexto de sus competencias asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.  

El decreto señala que la conducción de la Política Nacional del Ambiente al 2030 está a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y que las entidades de la administración pública responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la Política Nacional del Ambiente al 2030 están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

Resumen Ejecutivo

En el resumen ejecutivo que contiene el Decreto Supremo se indica que la Política Nacional del Ambiente considera como problema público a la “Disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental”.

Se añade que el Estado ha invertido, en programas presupuestales dirigidos a solucionar problemas ambientales, 121.55 millones de soles en el 2012, cifra que se ha convertido en 2 102.52 millones en el 2019, es decir se ha multiplicado por 17 veces.

También se indica, como sustento conceptual de la estructura del problema público de la PNA, basados en las conclusiones de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, que la acción humana está generando una acción sostenida, pero no ambientalmente sostenible sobre la naturaleza y los recursos y que esta acción humana, a su vez, está generando impacto sobre los servicios que proveen los ecosistemas (aire limpio, agua, recursos forestales, suelos, biodiversidad, entre otros).

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La pérdida que genera la degradación de los ecosistema está afectando el capital natural (suelos, ecosistemas, etc), y perjudicando significativamente el bienestar humano, se puntualiza. 

Lo anteriormente planteado es el fundamento de la problemática que aborda la PNA al 2030 y sus principales causas y consecuencias que están afectando al bienestar de la población de nuestro país. 

La norma sobre la Política Nacional del Ambiente está acompañado de diversos cuadros en el que se detallan los problemas ambientales en el Perú, así como las alternativas con objetivos prioritarios y lineamientos y sus descripciones correspondientes.

El decreto supremo advierte que la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos en el país será posible si se logra evitar la pérdida continua de la diversidad biológica, frenar el deterioro de la calidad ambiental y reducir los riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos frente a cambios climáticos.

Para ello, se requiere que la gobernanza ambiental se fortalezca y sea capaz de crear condiciones institucionales que permitan gestionar adecuadamente el territorio; igualmente, que los procesos productivos de bienes y servicios procuren ecoeficiencia y sostenibilidad.

A nivel de la ciudadanía, se subraya que se necesita el cambio positivo en el comportamiento de los ciudadanos y, finalmente, que los procesos de toma de decisiones en materia ambiental se realicen con base en la discusión científica.

Para lograrlo, es necesario enfrentar los siguientes problemas: pérdida de la diversidad biológica, que es la pérdida de los recursos genéticos, las especies y a los ecosistemas. Esto se explica a su vez por la deforestación y degradación de bosques y otros ecosistemas.

De acuerdo con la información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la pérdida acumulada de bosques en nuestro país entre el periodo comprendido del año 2001 al 2018, alcanzó 2 284 889 hectáreas, siendo San Martín y Loreto los departamentos que más perdieron cobertura boscosa. 

El bosque remanente al 2018 a nivel nacional es de 68 422 585 hectáreas.

//Andina.

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