Por: Joyce Meyzán Caldas*
La mercantilización de la educación universitaria en Perú ha transformado lo que debería ser un pilar de desarrollo nacional en un próspero negocio privado, donde los estudiantes no son aprendices sino clientes rentables, los docentes meros proveedores de un producto estandarizado —el título o grado académico— y la calidad educativa, un lujo prescindible ante el afán de ganancias. Desde los años 90, con el auge del modelo neoliberal impulsado por reformas como la Ley Universitaria de 1990 y la posterior proliferación de universidades privadas, el sistema educativo superior se ha convertido en un mercado voraz. Lo que comenzó como una promesa de democratización —cerrar brechas sociales al ofrecer oportunidades accesibles a miles de peruanos de clases medias y bajas que soñaban con una profesión— ha degenerado en una fábrica de diplomas masivos que devalúan el conocimiento y saturan el mercado laboral.
Es innegable que la privatización expandió la oferta: en 1990, Perú contaba con apenas 27 universidades; hoy superamos las 140, la mayoría privadas, según datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Esto permitió que jóvenes de provincias remotas o barrios limeños accedieran a carreras a costos «alcanzables», entre 500 y 1,500 soles mensuales, frente a las exorbitantes matrículas de antaño. Sin embargo, este espejismo oculta un modelo depredador. Los docentes, piezas clave de este engranaje, cobran sueldos miserables: entre 8 y 15 soles la hora, equivalentes a unos 1,200-2,500 soles mensuales por contratos precarios, como revelan informes de la Defensoría del Pueblo y sindicatos universitarios. Muchos son obligados a «aprobar en masa» para evitar bajas académicas que afecten la retención de matrículas —el verdadero motor económico de estas instituciones—. No es casualidad que aulas se multipliquen por 5 a 9 secciones por ciclo, con salones repletos de 50-70 estudiantes, o que carreras como Administración o Derecho egresen 200-500 titulados al año por universidad, cifras que SUNEDU ha cuestionado en auditorías recientes.
Esta priorización de la cantidad sobre la calidad no solo produce educación paupérrima —con docentes subcapacitados, planes curriculares obsoletos y escasa investigación—, sino que inunda el mercado laboral con profesionales mediocres. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que el 40% de los egresados universitarios peruanos están subempleados o desempleados, un fenómeno agravado por la sobreoferta: en Derecho, por ejemplo, hay 80,000 abogados para un mercado que demanda apenas 20,000, según la Asociación Peruana de Derecho. Empresas como BCP o Graña y Montero claman por competencias reales —pensamiento crítico, idiomas, habilidades digitales— que estos «profesionales» no poseen, forzando a reclutadores a filtrar con exámenes adicionales. El resultado es una brecha brutal: mientras universidades como la PUCP o la UPC logran inserción laboral del 80-90%, las privadas low-cost apenas rozan el 30%, perpetuando un ciclo de frustración y precariedad.
Peor aún, esta mercantilización fomenta una sociedad con inteligencia atrofiada, condenada al subdesarrollo perpetuo. ¿Cómo competir globalmente si formamos generaciones que memorizan sin razonar, que obtienen títulos sin dominar su campo? Estudios de la OCDE, como PISA 2022, ubican a Perú en los últimos puestos en comprensión lectora y matemáticas, y el nivel superior replica este rezago: solo el 12% de egresados publican investigaciones, frente al 40% en Chile. Nos volvemos una «sociedad tonta», como advierten economistas como Humberto Campodónico, dependiente de mano de obra barata y expatriación de talentos —más de 100,000 profesionales peruanos emigraron entre 2015-2025, según el Banco Mundial—. Los dueños de estas universidades, ávidos de utilidades millonarias —algunos reportan ganancias de 50-100 millones de soles anuales—, ignoran este daño sistémico, priorizando accionistas sobre nación.
Y aquí radica la podredumbre política: la educación superior se ha politizado hasta el cinismo. Congresistas y exfuncionarios han moldeado leyes para engordar sus imperios educativos. La Ley Universitaria de 2014 facilitó la creación de filiales y evadió controles de calidad iniciales, beneficiando a grupos. Estos «empresarios educativos» no dudaron en lobbyear contra la licenciatura obligatoria de SUNEDU, retrasándola hasta 2022, perpetuando la emisión de diplomas sin rigor.
Esta colusión entre poder y negocio erosiona la meritocracia y la confianza pública: un título ya no certifica competencia, sino supervivencia en un sistema corrupto. Perú gasta solo el 0.5% del PBI en ciencia y tecnología, frente al 2.5% de Brasil, y mientras universidades públicas como San Marcos colapsan por subfinanciamiento (presupuesto per cápita de 1,200 soles vs. 5,000 en Chile), las privadas acaparan subsidios estatales vía vouchers y créditos educativos, beneficiando a dueños que evaden impuestos.
Urge una reforma radical: fortalecer SUNEDU con inspecciones implacables, elevar salarios docentes, limitar egresos por carrera según demanda laboral y despolitizar la educación prohibiendo a congresistas y funcionarios poseer instituciones. Solo así recuperaremos una universidad que forme mentes críticas, no mano de obra desechable. De lo contrario, seguiremos siendo un país de títulos huecos, inteligencia menguada y desarrollo postergado, mientras elites educan a sus hijos en Harvard y MIT. La calidad debe primar sobre la cantidad, o el Perú seguirá siendo rehenes de sus propios «emprendedores» educativos.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
