Por: Joyce Meyzán Caldas*
Cada vez que el país entra en temporada electoral hablamos de seguridad, economía o corrupción. Pocas veces colocamos en el centro del debate a la educación universitaria. Sin embargo, las elecciones del 2026 no son unas elecciones más: por primera vez en décadas elegiremos no solo a un Presidente, sino también a un Congreso Bicameral —Diputados y Senadores—. Y ese detalle institucional cambia profundamente la forma en que se legislará sobre nuestras universidades.
La educación superior no es un sistema aislado; está íntimamente ligada a la política. Las leyes que se aprueban, el presupuesto que se asigna y el modelo de supervisión que se adopta determinan si avanzamos hacia la calidad o retrocedemos hacia la improvisación. Aunque a veces no lo analicemos con detenimiento, nuestro voto sí influye en el rumbo universitario del país.
Hoy la universidad peruana se encuentra en medio de una tensión clara entre dos modelos: el de regulación externa y técnica que impulsó la reforma universitaria de 2014, y el modelo posterior a la llamada “contrarreforma”, que modificó la composición y funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En términos simples, el debate gira en torno a quién supervisa la calidad: ¿un ente independiente del poder universitario o un consejo donde las propias universidades tienen mayor influencia?
El funcionamiento original de SUNEDU implicaba un licenciamiento con condiciones básicas de calidad: infraestructura adecuada, docentes con grados académicos, líneas de investigación, transparencia en gestión. Durante años se exigió, por ejemplo, que los docentes universitarios contaran con grados de maestro o doctor para ejercer en determinadas categorías. Sin embargo, modificaciones posteriores a la Ley Universitaria flexibilizaron algunos requisitos, permitiendo que docentes nombrados sin esos grados puedan continuar enseñando sin cumplir plenamente los estándares que antes se consideraban irrenunciables.
A esto se suma el caso de universidades que no obtuvieron licenciamiento y entraron en proceso de cese. Instituciones como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega o la Universidad San Pedro tienen plazos establecidos para culminar actividades. El próximo gobierno y el nuevo Congreso decidirán si esos cierres se cumplen estrictamente o si se otorgan nuevas prórrogas. No es un asunto menor: está en juego la credibilidad del sistema.
El regreso del Senado añade otra capa de complejidad. Las leyes educativas deberán pasar por dos cámaras. Esto podría evitar normas apresuradas o populistas; pero también podría ralentizar reformas urgentes si predomina el cálculo político sobre el interés académico. Además, los Senadores tendrán un rol clave en la ratificación de tratados internacionales en materia educativa y en el control político de altas autoridades del sector.
Cuando miramos el escenario internacional, el debate es distinto. En Asia, países como China y Singapur han convertido a sus universidades en política de Estado, con inversiones sostenidas en ciencia y tecnología. En la Unión Europea, la agenda gira en torno a microcredenciales y a la integración obligatoria de la inteligencia artificial en el currículo. En Estados Unidos, la discusión no es sobre licenciamiento, sino sobre el alto costo de estudiar y la deuda estudiantil.
En otras palabras, mientras el mundo discute competitividad tecnológica, nosotros seguimos debatiendo si debemos mantener estándares mínimos de calidad. Y esa diferencia de enfoque tiene consecuencias.
En el Perú ya vemos algunos efectos: incertidumbre jurídica para las universidades, dificultad para planificar inversiones de largo plazo, desconfianza estudiantil frente al valor real de ciertos títulos. No obstante, la crisis no se reduce a SUNEDU. También enfrentamos brechas regionales profundas, limitada producción científica, escasa vinculación entre universidad y sector productivo, y presupuestos públicos que no siempre responden a metas claras de investigación e innovación. A esto se suma una preocupante desconexión entre la oferta académica y las demandas de las llamadas “carreras del futuro”, como inteligencia artificial, energías renovables o biotecnología.
¿Cómo mejorar? Primero, garantizando estabilidad normativa. La educación superior no puede reformarse cada dos años según el clima político. Segundo, vinculando presupuesto a resultados medibles: investigación indexada, patentes, impacto social. Tercero, incentivando convenios internacionales y dobles titulaciones que inserten a nuestros estudiantes en redes globales. Y cuarto, fortaleciendo la meritocracia docente, con incentivos salariales ligados a producción científica real.
¿Y qué proponen los candidatos? Las posturas identificadas pueden agruparse en tres tendencias. Una reformista, que plantea recuperar plenamente la función fiscalizadora independiente de SUNEDU y revertir normas de la contrarreforma. Una institucional, que propone mantener la estructura actual pero ampliarla o ajustarla. Y una liberal o radical, que cuestiona la existencia misma del ente regulador por considerarlo una traba burocrática. El problema es que muchas propuestas son aún generales y carecen de metas concretas y financiamiento detallado.
Frente a este panorama, como ciudadanos —y especialmente como comunidad universitaria— debemos afinar el criterio. No basta con revisar discursos. Es necesario preguntarse: ¿el candidato entiende la educación superior como inversión o como gasto? ¿Propone estabilidad normativa o cambios constantes? ¿Habla de calidad con indicadores verificables o solo de acceso masivo? ¿Tiene una postura clara sobre la supervisión y la investigación científica?
Las elecciones de 2026 no solo definirán quién gobierna el país, sino también qué tipo de universidad queremos ser. Una que compita en conocimiento y tecnología, o una que vuelva a discutir si exigir calidad es un exceso. El voto, esta vez, también se juega en la universidad.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
