Por: Joyce Meyzán Caldas*
Las elecciones no terminan cuando se cuenta el último voto, tampoco cuando un candidato celebra su victoria o el contendiente cuestiona los resultados. En realidad, el proceso más complejo y decisivo para una nación comienza al día siguiente: la reconstrucción del diálogo social. En esta tarea, el periodismo, la comunicación institucional, la publicidad y las relaciones públicas dejan de ser herramientas técnicas de difusión para convertirse en actores éticos fundamentales de la democracia.
El Perú acude a cada proceso electoral arrastrando heridas estructurales. La polarización ya no es una estrategia pasajera de campaña, sino un rasgo de nuestra convivencia civil. Los ciudadanos ya no solo discrepan sobre programas de gobierno; la fractura es más profunda: se disputa la veracidad de los hechos, la neutralidad institucional y la legitimidad del adversario. En este escenario de sospecha sistemática, la comunicación tiene el poder de tender puentes o de profundizar las grietas.
Las experiencias recientes dejan lecciones dolorosas. Investigaciones sobre los comicios peruanos de 2021 demostraron que la propagación masiva de desinformación, las narrativas de fraude sin pruebas y una cobertura mediática polarizada provocaron un deterioro acelerado de la confianza en los organismos electorales y en los medios. Estas acusaciones, difundidas con ferocidad en la etapa post electoral, no se diluyeron con los resultados; al contrario, mutaron en una desconfianza institucionalizada y en una radicalización política que paraliza al país.
No es coincidencia que la crisis más severa del Perú actual sea la quiebra de la confianza pública. La ciudadanía desconfía de los partidos, del Congreso, del Ejecutivo y de la prensa. Estudios de opinión muestran que la confianza en los medios tradicionales se ha reducido de forma sostenida. Esta desconexión influye directamente en la percepción ciudadana: cuando el canal de información está bajo sospecha, la transparencia electoral y la legitimidad democrática quedan desprovistas de su escudo esencial.
Sin embargo, culpar exclusivamente al periodismo sería un reduccionismo injusto. La crisis de la conversación pública es multifactorial, pero el oficio arrastra deudas éticas. En las últimas crisis, sectores de la prensa abandonaron la distancia crítica para asumir militancias abiertas, privilegiando el encuadre del conflicto y la espectacularización de la política antes que la rigurosidad. El problema de fondo no radica en la existencia de líneas editoriales, sino en la abdicación de los principios de verificación, pluralidad e independencia.
Hoy el periodismo se desenvuelve en un ecosistema hostil donde ya no ostenta el monopolio informativo. Compite en asimetría contra cadenas de mensajería saturadas de posverdad, videos manipulados, cuentas automatizadas e influencers políticos que rentabilizan la indignación y el sesgo de confirmación. Diversos análisis confirman que la desinformación posee una velocidad de propagación superior a la verdad fáctica, debido a su capacidad para apelar al miedo y al agravio identitario. El riesgo real no es solo la asimilación de datos falsos, sino la erosión de la noción misma de verdad. Cuando el dato comprobado y la teoría conspirativa adquieren el mismo valor en el debate público, la deliberación racional se vuelve imposible.
Ante este panorama, la autocrítica debe extenderse a la comunicación institucional y corporativa. Durante las contiendas, muchas oficinas de comunicación pública y privada son arrastradas por la lógica de la confrontación, adoptando un carácter reactivo y defensivo que prioriza la cosmética reputacional por encima de la transparencia. Una vez concluidas las elecciones, las instituciones tienen el imperativo de recuperar su función republicana: informar con neutralidad, escuchar las demandas sociales y reconstruir la confianza. Las direcciones de comunicación no pueden operar como factorías de propaganda orientadas a fabricar popularidad artificial; su norte debe ser el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Esta transformación ocurre en un entorno donde las redes sociales han convertido a cada ciudadano en emisor de mensajes. Un video corto puede influir más que una portada periodística, y una falsedad puede alcanzar a millones antes de ser desmentida. En este nuevo ecosistema, la comunicación ya no puede entenderse únicamente como la transmisión vertical de datos; debe incorporar la alfabetización mediática. Necesitamos ciudadanos capaces de verificar, contrastar y cuestionar el contenido que consumen; personas que no compartan por impulso ni crean ciegamente por afinidad ideológica.
El Perú ha atravesado demasiadas crisis políticas en las últimas décadas: presidentes caídos, congresos disueltos y conflictos latentes. Sin embargo, la crisis más peligrosa es la pérdida de confianza entre los propios ciudadanos. Por ello, el desafío definitivo de la comunicación post electoral no consiste únicamente en narrar la realidad o registrar la coyuntura, sino en contribuir activamente a reconstruirla. Informar no es alimentar trincheras ni exacerbar miedos. Ejercer la palabra con responsabilidad ética, en tiempos de profunda incertidumbre, es uno de los actos democráticos más valientes y necesarios para nuestro país.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
