Por: Joyce Meyzán Caldas*
Desde hace varios años, como docente universitaria, he acompañado a estudiantes con discapacidades físicas, auditivas, psicosociales y cognitivas. Cada uno me ha enseñado que la verdadera inclusión no se limita al acceso, sino que implica permanencia, participación y éxito. Sin embargo, también hemos enfrentado múltiples barreras que persisten en nuestras universidades y en la sociedad. La educación superior inclusiva sigue siendo un horizonte lejano, tanto en el mundo como en el Perú y en Huánuco.
La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso transformador que busca responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión dentro y desde el sistema educativo. Este enfoque va más allá de la integración, que suele limitarse a permitir el ingreso de personas con discapacidad sin modificar estructuras, prácticas y culturas institucionales que perpetúan la desigualdad. La inclusión exige una transformación radical del sistema educativo y social, donde la comunidad universitaria debe eliminar barreras en lugar de esperar que el estudiante se adapte a un entorno indiferente.
En el Perú, la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973) reconoce el derecho a una educación equitativa y establece una reserva del 5% de vacantes en los procesos de admisión de educación superior para personas con discapacidad. Sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad es enorme. Según el INEI, el 10.3% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad, pero solo el 13.2% ha accedido a estudios universitarios y apenas el 21.3% a algún tipo de educación superior, incluyendo institutos técnicos. Más preocupante aún, solo el 29.8% de las personas con discapacidad logró culminar algún año de secundaria, lo que constituye una barrera fundamental para el acceso a la universidad.
A nivel nacional, algunas universidades han avanzado en inclusión educativa, aunque de manera desigual e insuficiente. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha implementado la Oficina de Inclusión para Personas con Discapacidad, que brinda servicios de intérpretes de lengua de señas, materiales adaptados y asesoría psicológica, convirtiéndose en un referente nacional. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha desarrollado el Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, que ofrece acompañamiento académico y adaptaciones curriculares, aunque enfrenta limitaciones presupuestales y de personal especializado. Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha mejorado su infraestructura y promovido campañas de sensibilización. Sin embargo, estos esfuerzos aún no son generalizados y muchas universidades, especialmente en regiones, apenas inician este camino.
En mi experiencia cotidiana, la falta de una cultura inclusiva se evidencia en la ausencia de intérpretes de lengua de señas, materiales adaptados, apoyos psicosociales y capacitaciones para docentes en educación especial e inclusiva. Recuerdo a una estudiante con discapacidad auditiva parcial que, pese a su esfuerzo y talento, no podía seguir el ritmo de las clases porque la universidad no le proporcionaba intérprete. En otra ocasión, un joven con discapacidad psicosocial enfrentó incomprensión y estigmatización por parte de compañeros y docentes que no estaban capacitados para atender sus necesidades. En ambos casos, busqué alternativas independientes para brindarles un aprendizaje óptimo, pero me sentí sola en esa tarea. Esta situación no es aislada. Según el Informe Integral sobre la Educación Universitaria Inclusiva para Personas con Discapacidad, en Perú la mayoría de las universidades aún opera bajo un modelo de integración, donde la adaptación es responsabilidad del estudiante y no del sistema.
En Huánuco, los avances en inclusión universitaria comienzan a ser palpables, especialmente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL). Hace unos años, la universidad inició mejoras infraestructurales para facilitar la integración de estudiantes con discapacidades motoras. Hoy, las rampas adecuadas y los ascensores estratégicamente ubicados en casi todas las facultades son una realidad, así como la presencia de baños adaptados y espacios comunes accesibles, que permiten a los estudiantes desplazarse con mayor autonomía y dignidad. Aunque aún existen retos para atender de manera óptima a personas con discapacidades sensoriales o cognitivas, estos avances representan un paso importante hacia la inclusión real. Además, la universidad ha implementado servicios de apoyo psicológico dirigidos a estudiantes con discapacidad intelectual o psicosocial, lo que constituye un respaldo fundamental para su bienestar y permanencia en la vida universitaria. Estos esfuerzos, aunque insuficientes para cubrir todas las necesidades, marcan una diferencia significativa respecto al pasado y demuestran que es posible transformar el entorno universitario en un espacio más accesible, humano y justo para todos.
La verdadera inclusión universitaria requiere más que leyes y buenas intenciones. Exige una inversión sostenida en accesibilidad universal, desde la infraestructura hasta la tecnología y los materiales educativos. Implica una capacitación integral y continua a los catedráticos en pedagogías inclusivas, así como el desarrollo de políticas institucionales claras con recursos asignados para apoyos específicos. Supone, además, la promoción de una cultura universitaria que valore la diversidad como una fortaleza y no como una dificultad a tolerar. También demanda un seguimiento y evaluación constante para mejorar procesos y resultados, así como una vinculación efectiva con el sector productivo para facilitar la inserción laboral de los egresados.
La educación inclusiva es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para construir sociedades más justas y equitativas. Es necesario garantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan las condiciones para aprender, crecer y posicionarse con éxito en el mundo laboral.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzn
