En los últimos tres años la minería ilegal irrumpe crecientemente en la provincia de Puerto Inca, según una investigación realizada por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), que fue presentada junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Según el informe «Minería ilegal en la Amazonía peruana», tres distritos de la provincia de Puerto Inca registran presencia de esta actividad ilícita: Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis. En estas zonas se expande la extracción de oro aluvial mediante el uso de dragas y equipos artesanales a lo largo del río Pachitea.
Tras cruzar la información del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con el monitoreo remoto realizado por ACCA en el 2023, identificaron 49 puntos de actividad minera en Puerto Inca: de los cuales 22 serían minería ilegal, lo que equivale al 47 %.
En la provincia de Puerto Inca se tienen reportes de actividad minera ilegal desde el 2012; sin embargo, pese a ello, hasta el momento, la zona no ha sido priorizada por la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Minería Ilegal, por lo que no existe un plan de intervención para enfrentarla. Esta medida es urgente y constituye una de las recomendaciones del mencionado informe.
Entre el 2020 y el 2022, en comunidades nativas de Puerto Inca, 4 líderes indígenas fueron asesinados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, de acuerdo a los registros recopilados en este informe.
Por otro lado, a julio del 2023, en esta región existen 1032 mineros en proceso de formalización, de los cuales el 80.2 % están en condición de suspendidos por no haber cumplido con la normativa; incluso, 4 de los 5 requisitos necesarios para formalizarse muestran un nivel de incumplimiento por encima del 99 %, por lo que el avance del proceso de formalización es mínimo.
AMAZONÍA. A nivel de la Amazonía, según el informe, 22 ríos amazónicos están siendo impactados negativamente por la minería ilegal. Entre los ríos afectados figuran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91 % de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua para lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños.
El informe también documenta las vinculaciones que existen entre la minería ilegal y otros delitos como el narcotráfico, la tala ilegal y, sobre todo, crimen organizado; así como la afectación a la salud de las personas por el contacto directo e indirecto con el mercurio y la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.
El especialista técnico de la FCDS-Perú, Martín Arana, explicó que la tendencia creciente de esta actividad ilícita en todas las regiones amazónicas pone en riesgo a las personas, los bosques, la biodiversidad, la paz social y la gobernabilidad, por lo que se requiere una urgente intervención de todas las instancias de Gobierno y de organismos autónomos como el Ministerio Público.
El informe completo sobre el avance e impacto de la minería ilegal e informal en la Amazonía peruana se encuentra disponible en: bit.ly/3KFcaLZ
