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Un reciente reconocimiento aéreo con drones realizado el 28 de junio de 2026 por la Asociación de Protección de Bosques Tropicales Monte Verde en la zona norte del distrito de Chaglla confirmó que los conservacionistas venían advirtiendo: el avance descontrolado de la tala ilegal. Las imágenes aéreas y videos recabados revelan una sistemática roza y quema de bosques primarios en un área conservada.
Las verificaciones técnicas reflejan una pérdida acelerada. Tan solo en el año 2025, se talaron y quemaron más de 50 hectáreas de bosque virgen. Durante el 2026, el monitoreo sumó 17 hectáreas adicionales de tala reciente en el sector norte. Sin embargo, el daño global en la ex concesión sería mucho mayor: según reportes de vecinos del caserío de Pucaplaya, en los sectores centro y sur, aún no inspeccionados desde el aire por falta de garantías, se habrían talado más de 55 hectáreas. En total, se estima que más de 72 hectáreas han sido devoradas por la expansión ganadera ilegal, presuntamente impulsada por opositores locales.
El impacto de esta devastación atenta contra la biodiversidad y la supervivencia hídrica local. Monte Verde constituye un santuario ecológico que alberga más de 500 especies de orquídeas y es uno de los refugios más importantes para la fauna silvestre en peligro de extinción, como el venado rojo y el oso de anteojos. Los informes científicos advierten que esta emblemática especie se encuentra prácticamente acorralada, pues las montañas circundantes perdieron su cobertura forestal hace décadas y la destrucción del bosque remanente acelerará su inexorable desaparición local.
A esta pérdida biológica se suma una peligrosa trampa ambiental: «pan para hoy, sequía para mañana». Algunos pobladores y ganaderos operan bajo la falsa premisa de que el territorio les pertenece de manera absoluta, repitiendo que la tierra es suya «desde el río hasta el cerro», pese a carecer de títulos de propiedad acreditados. Derribar las laderas montañosas para sembrar pastos destruirá la capacidad natural del ecosistema para captar el agua de neblinas y lluvias.
Según proyecciones técnicas de la institución, si el ritmo de tala continúa, en un plazo de cinco a diez años los propios ganaderos de Chaglla y Pucaplaya enfrentarán una severa e irreversible crisis hídrica, terminando por exigir proyectos estatales de emergencia para abastecerse de un recurso vital que ellos mismos destruyeron.
DENUNCIAS. Frente a estos ilícitos, la asociación remitió a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado (FEMA-LP) dos expedientes para contribuir a las investigaciones penales: el Informe Técnico N.° 0003-2026-MTV-IFR/HCO-TM, que aporta información georreferenciada y evidencia audiovisual de las áreas deforestadas en 2025 y 2026, y el Informe Técnico N.° 0004-2026-MTV-IFR/HCO-TM, que advierte sobre el riesgo inminente de extinción de la flora y fauna silvestre.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene dos investigaciones abiertas: una en la FEMA-LP por la deforestación y la nulidad de la concesión, y otra en Huánuco contra la Dirección Regional de Agricultura (DRA Huánuco) y su exdirectora, sumadas a las indagaciones que realiza la Contraloría General de la República.
El camino legal para frenar este desastre ha estado marcado por irregularidades. El 30 de abril de 2026, Monte Verde interpuso una denuncia penal ante la FEMA-LP mediante la Carta N.° 0012-2026-MTV-CRT/HCO-TM por la tala y expansión ganadera.
El fiscal provincial David Manuel Villanueva Flores propuso una jornada de sensibilización en el caserío de Pucaplaya para el 02 de mayo, junto a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado (ATFFS-LP) y la asociación.
Sorpresivamente, mientras se coordinaba esa intervención, el Gobierno Regional de Huánuco y la DRA Huánuco anunciaron en redes sociales la activación de una «mesa multisectorial tras detectar daños críticos en el bosque de Monte Verde».
Según la asociación, Monte Verde nunca fue informada, notificada ni convocada, siendo excluida de una iniciativa nacida de su propia denuncia. Tras una reunión celebrada el 05 de mayo en la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado (UGFFS-LP), donde se acordó definir la fecha del taller en Pucaplaya, pasaron treinta días en silencio absoluto y sin ninguna comunicación formal hacia los denunciantes.
Fue la propia Fiscalía quien notificó que la actividad ya se había realizado los días 02 y 03 de junio de 2026, con la participación del Osinfor, Serfor, la Policía Ecológica y la UGFFS-LP.
“Además de excluir a la organización denunciante, la mesa multisectorial incumplió su misión: la delegación nunca llegó al caserío de Pucaplaya, epicentro de la tala, desplazándose únicamente hasta Torre Jirca sin notificar adecuadamente a la población local. Para Monte Verde, esta mesa funcionó como una ‘cortina de humo’ para proyectar una falsa imagen de acción ante la opinión pública, intentando desviar la atención del grave conflicto legal mientras la deforestación avanzaba impunemente en la zona”, señalan el grupo denunciante.
FACTOR POLÍTICO. Según la asociación, la indefensión de los bosques es el resultado directo de decisiones políticas adoptadas a finales del año 2025.
El proceso de nulidad se inició el 25 de septiembre con la suspensión de actividades por 120 días y se formalizó el 30 de septiembre mediante la Resolución Directoral N.° 00443-2025-GR-DRA-HCO.
Ese mismo día, el gobernador Antonio Pulgar Lucas se reunió en la sede central con pobladores del distrito de Chaglla que exigían anular la concesión; allí comprometió el respaldo del Gobierno Regional y anunció la llegada del programa Procompite a la zona para calmar la protesta y ganar simpatías políticas. Finalmente, el 24 de octubre de 2025, la directora de la DRA, Vilmia Berenice Saldívar, firmó la Resolución de Nulidad N.° 00489-2025-GR-DRA-HCO.
Monte Verde denuncia que se cometió un abuso de autoridad para favorecer intereses particulares, destruyendo el futuro hídrico de la región amazónica.
