Después de 15 años de haberse efectuado la cesión en uso a título gratuito por 70 años del parque Puelles en favor de la empresa Urbi Propiedades, del grupo económico Interbank, que construyó el Real Plaza; está llegando a su fin el proceso judicial por la comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, debiéndose conocer la sentencia en los siguientes días.
La acusación planteada por el fiscal Iván Carrión Cabrera, de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, solicita 5 años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de 2 años para ejercer cargo público, a todos los acusados, entre los cuales se incluye a Carlos Alberto Cosabonne Stoessel, como representante de Urbi Propiedades.
El fin de semana, en el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Investigación Preparatoria de Huánuco a cargo del magistrado Luis Pasquel Paredes, se efectuó la audiencia de alegatos finales, en el que hicieron uso de la palabra la mayoría de los acusados, como presuntos autores de la comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por entregar en cesión de uso el referido parque por 70 años a la empresa Urbi Propiedades S.A. para construir de lo que es ahora Real Plaza. Aprobaron el cambio de uso del terreno del Parque Puelles, que era un área verde y de esparcimiento, para un fin ajeno a lo establecido para esa área.
Entre los 26 acusados encabezados por Jesús Giles Alipázaga, como exalcalde provincial (2007-2010 y 2011-2014), se encuentran regidores de las dos gestiones que votaron a favor de esta irregularidad, como también exfuncionarios municipales.
Entre ellos: Emilio Ruiz Moncada, Vladimir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Iván Núñez Barboza, Tomislavo Zécevich Acosta y Napoleón Huere Rosas.
Asimismo, los exregidores Clever Zevallos Fretel, Cecinio Rojas Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar, entre otros.
Según la denuncia fiscal, los acusados, se mostraron interesados directamente de manera indebida en los procedimientos efectuados en la Municipalidad de Huánuco para facilitar la iniciativa de inversión de Urbi Propiedades a finales del año 2010, y que se continuó en el 2011 con diversos acuerdos del Concejo Provincial, como también por haberse emitido los documentos que favorecieron indebidamente el proyecto de construcción del centro comercial Real Plaza, sin ningún tipo de negociación previa respecto a las condiciones en que ejecutaron la concesión, como también al determinarse una serie de requisitos técnicos sin justificación técnica ni legal, lo que afectó a la ciudad de Huánuco, administrado por la Municipalidad Provincial de Huánuco.
PRESCRIPCIÓN. En la reciente audiencia, los acusados plantearon que este proceso ya se encuentra prescrito por haber transcurrido los años establecidos por las normas legales. Los principales acusados argumentaron ser inocentes, pero en sus alegatos ninguno de ellos, señalaron argumento alguno porque se cedió gratuitamente en cesión de uso por 70 años el terreno del Parque Puelles a una empresa privada, a pesar que las normas no lo permitían.
Algo +
El 20 de agosto del 2020, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de acción de amparo interpuesta por la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco contra la municipalidad de Huánuco (gestión de Giles Alipázaga) y Urbi Propiedades SA; al haberse acreditado la vulneración del derecho al medioambiente adecuado, al construir el centro comercial Real Plaza en el parque Puelles.
