Trabajadores de Seda Huánuco realizaron una protesta en el frontis de la entidad, tras tomar conocimiento que el pacto colectivo que firmaron con el exgerente de la empresa municipal, Jorge Romero Vela, en julio del 2019. Sostienen que la gerencia general está actuando de manera abusiva, atropellando los derechos laborales al quitarle ese beneficio.
El subsecretario regional del Sindicato Unificado de Trabajadores de Seda de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, Carlos Peña Rivera, sostuvo que tras los rumores, el 12 de este mes recibieron una copia de la resolución mediante el cual anulan en todos sus extremos el referido pacto colectivo que beneficiaba a 180 trabajadores de la empresa.
Refirió que desde agosto del 2019 hasta la fecha les estaban pagando 600 soles mensuales por el convenio, incluyendo a sindicalizados y no sindicalizados. Refirió que sin el pacto, hay trabajadores que solo perciben 930 o 980 soles mensuales.
Peña Rivera dijo que desde el 13 de abril se declararon en protesta y paralizaron sus labores. “Durante toda la pandemia hemos puesto el hombro para que no paralicen el servicio de agua potable, pero este es el pago que nos dan; el gerente está actuando de forma abusiva en perjuicio de todos los trabajadores”, dijo, tras advertir que continuarán en su medida de lucha.
Sobre el particular, el gerente de Seda Huánuco, Manuel Robles, refirió que la razón por la cual disolvió el acuerdo, es porque no cuenta con sustento técnico. Además, indicó que los que firmaron actualmente son investigados por la fiscalía anticorrupción.
“Se ha optado por la nulidad del pacto colectivo a raíz de que hay una investigación en la fiscalía por presuntos actos de corrupción, para no incurrir en actos ilícitos que podrían traer consecuencias legales. Yo actuó de acuerdo a los informes técnicos y estos dicen que dicho pacto colectivo carece de sustento técnico, legal y económico”, manifestó Robles.
Tras indicar que de ello deben responder los gerentes anteriores, señaló que cualquier procedimiento de incremento salarial debe seguir un protocolo de acuerdo a ley y en este caso no se habría cumplido con el Decreto Legislativo 322, que determina la escala laboral.
Manuel Robles garantizo el servicio de agua potable con la normalidad del caso para la ciudadanía, pese a que han suspendido la atención al público por la ausencia de trabajadores que se declararon en protesta.
