El Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública (SBP) de Huánuco se encuentra a la espera de la decisión judicial que ordene el desalojo de su local que es ocupado ilegalmente por la Dirección Regional de Salud (Diresa), en la cuadra diez del jirón Dámaso Beraún de la ciudad de Huánuco, sostuvo su presidente el abogado Baltazar Vara Berrospi. “Ya no hay nada que hacer, por cuanto esta decisión tiene origen en la anterior gestión”, expresó.
En relación a la posibilidad de que pueda volver a alquilar el local a la Diresa Huánuco, señaló que de darse esa petición, la decisión le corresponde al Directorio de la SBP, pero recordó que el año 2,019 terminó el convenio de uso que tenían.
Detalló que, desde entonces han transcurrido más de cinco años de uso del local, lo que en la práctica implica que se tiene una cuantiosa deuda, que la Diresa no ha pagado absolutamente algo, en consecuencia, no es lógico alquilar un local muy amplio a una entidad morosa, lo que podría entenderse que esa posibilidad no resulta coherente.
Señaló también que, la SBP es un ente autónomo, y que la Municipalidad Provincial de Huánuco, con el alcalde, no tienen injerencia en el funcionamiento, por lo cual descartó que se cambie la decisión para favorecer a la Dirección Regional de Salud.
Respecto a la marcha realizada ayer por los trabajadores de la Diresa Huánuco en contra del desalojo y que les otorguen plazos; señaló que desde el 2019 ya están corriendo los plazos, razón por la cual los funcionarios actuales asumen los pasivos y activos, obligaciones y tareas que deben cumplirse, con lo cual denegó cualquier posibilidad de concederles más tiempo a lo que debe fijar la sentencia de desalojo que debe emitir el Juzgado Civil a cargo del caso.
SIN CONTINGENCIA. El médico Gustavo Barrera Sullca, actual director regional de Salud, señaló que conforme le fue informado en la reunión con la Oficina Regional de Gestión en Conflictos y de Dialogo, en términos legales solo esperan la sentencia de desalojo, por lo que debe establecer un plan de contingencia que debió ser elaborado desde el año 2019, en que culminó el convenio de uso del local.
Indicó que, desde la Gerencia de Desarrollo Social se anunció que procederán a una investigación para evaluar el incumplimiento de las responsabilidades en que habrían incurrido los funcionarios desde el año 2019.
Sostuvo que, un aspecto importante a tener en cuenta es el Laboratorio Regional que funciona en el actual local y que no tendría donde colocarse los equipos que usan para el diagnóstico de importantes problemas de salud pública.
ALGO MAS
La deuda a la Sociedad de Beneficencia por más de 60 meses de ocupación ilegal del local, asciende a uno 2 dos millones de soles.
