Situación de la infraestructura del centro de salud en Cachicoto, sin uso hace diez años, es incierta

Apenas ingresó al cargo, en enero del 2023, el actual gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, anunció que luego de ocho años de abandono y desidia de tres gobernantes regionales (Luis Picón, Ruben Alva y Juan Alvarado), el centro de salud de Cachicoto en el distrito de Monzón sería puesto en funcionamiento. Sin embargo, hasta el momento no es posible ello, la obra sigue sin uso y en franco deterioro.

La edificación de esta obra, cuya inversión ya asciende a 11 millones de soles, se remonta al año 2015. Sin embargo, hasta la fecha la población de Cachicoto no recibe ningún tipo de servicio en sus instalaciones, debido a que la obra presenta graves problemas en su estructura: inundación de los ductos del sistema eléctrico y el drenaje.

Ayer, tras conocer el anuncio de un reportaje por una televisora nacional sobre la situación del centro de salud de Cachicoto, el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), ofreció una conferencia de prensa, en el que el gerente general Ronald Acuña, deslindó que la obra no es de la actual gestión, sino una más de las que recibieron con problemas.

El reportaje promocionado centró su cuestionamiento al actual congresista de la República, médico Luis Picón Quedo, en cuya gestión como gobernador regional de Huánuco se gestó y construyó (entre 2014 y 2015). Tanto los profesionales que elaboraron el expediente como sus funcionarios, cometieron negligencias insalvables. La obra fue recepcionada y liquidada en el periodo del gobernador Rubén Alva Ochoa (entre 2015 – 2016).

“Fue entregada y liquidada, pese a las deficiencias por el tema de la humedad que presentaba y que no fue solucionada en su momento”, refirió el actúa gerente del Gorehco, Ronald Acuña.

Recordó que cuando ingreso el actual gobernador, Antonio Pulgar, pidió la intervención, pero por tratarse de una obra compleja ya liquidada, tuvieron que buscar el mecanismo legal, que ni el Ministerio de Salud tenía claro. Una vez encontrado la salida, lo que tienen en curso es algo atípico, la elaboración de un proyecto de puesta en marcha de la obra. Contrataron en febrero un equipo técnico para elaborar el proyecto y poder intervenir en agosto. “Hay el firme compromiso de esta gestión para poner en marcha la obra, esperemos llegar a buen puerto”, agregó Acuña.

Sin embargo, el asesor Luisiño Rosas Herrera, dejó entrever que la situación de la obra es incierta. Indicó que están haciendo un diagnostico con diferentes especialidades, entre otros sobre las aguas subterráneas, para determinar qué hacer. “Cuando tengamos el informe determinaremos técnicamente si la obra debe continuar o cerrar”, dijo.

El otro asesor, Wilfredo Esteban Rojas, ahondo que lo principal es “abatir el nivel freático”, si no se logra ello todo lo demás que puedan hacer será por gusto.

Por su lado, el director regional de Salud, Gustavo Barrera, reiteró que la obra nació de un expediente mal elaborado. Actualmente, la infraestructura está en abandono, los equipos biomédicos con más de diez años sin uso están deteriorados. “A semanas de recibir la obra y ocupar, advirtieron la filtración de agua, por lo que el personal tuvo que retornar al antiguo local”, mencionó.

Agregó que algo similar sucede con el inconcluso centro de salud de Monzón que no tiene agua ni desagüe, y de Castillo Grande sin sistema eléctrico ni PTAR.

 

CONTRALORÍA. La Contraloría General elaboró más de un informe sobre el Centro de Salud de Cachicoto, en Monzón de la provincia de Huamalíes. En agosto del 2024, ratificó que la “moderna infraestructura” no funcionaba desde hace ocho años, por deficiencias en su construcción. La obra tuvo una inversión inicial de 9 697 725 soles.

Según el Informe de Control Especifico n.° 054-2024-2-5339-SCE, luego de cinco meses de recibida la obra, en junio del 2016, varios ambientes presentaban filtraciones de agua debido a que se construyó en un terreno no óptimo y donde existían aguas subterráneas. Para solucionar las filtraciones, realizaron trabajos complementarios que no se concluyeron.

El órgano de control recuerda que en junio del 2014, en la gestión de Luis Picón, aprobaron el expediente técnico, a pesar de que el evaluador y el estudio hidrológico advirtieron la existencia de agua subterránea en el terreno. Además, durante la ejecución, el supervisor y residente de obra informaron que las tuberías del sistema eléctrico instaladas en el piso estaban inundadas de agua; sin embargo, continuaron con la ejecución.

Durante la recepción de la obra, en enero del 2016, ya en la gestión de Rubén Alva; también se advirtió que el agua había afectado los buzones eléctricos y que los servicios se salud se verían perjudicados, pero en mayo del mismo año, la entidad aprobó la liquidación de la obra. Posteriormente, para solucionar las filtraciones, aprobaron un expediente complementario de drenaje pluvial que tenía deficiencias y pagaron por el estudio S/ 31 000.

Las obras complementarias se ejecutaron por administración directa con una inversión de S/ 852 765, pero estos trabajos no se culminaron y tampoco solucionaron las filtraciones. Aun así, pagaron por diversos bienes y servicios, lo que ocasionó un perjuicio al Gobierno Regional de Huánuco de S/ 354 451.

 

RESPONSABLES. Contraloría recomendó adoptar las acciones legales y administrativas correspondientes, en contra de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Huánuco, comprendidos en los hechos. Identificó como presuntas responsables a Luz Elena Javier Ambicho, Edwin Agustín Almerco Palacios, Luis Carbajal Carbajal, Percy Vílchez Damián y Elbio Fernando Felipe Matías, por su participación en el expediente técnico, ejecución y recepción de la Obra.

También a Cesar Edgardo Martel Bernal (asesor FAG), Nelson Córdova Salazar y Daniel Mallqui Estacio (actual gerente de Infraestructura), por su participación en el expediente técnico de obras complementarias.

A partir de ello, la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco planteó hasta dos denuncias penales sobre el caso. El más reciente es de agosto 2024, en contra de los mencionados; además contra Frank Beteta Oliva, ejecutor del expediente técnico de obra y Paul Cabrera Trujillo como supervisor (No están incluidos los exgobernadores Luis Picón, tampoco Rubén Alva).

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción aún no habría abierto investigación, por lo menos eso ocurriría con la denuncia más reciente, para determinar las responsabilidades.

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