Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Céspedes Roldán, Teresa Pajuelo Vásquez, Francisco Yalico Trujillo, Hilda Ramírez Rivera, Roberto García Cabrera y Celso Claudio Trujillo fueron condenados a 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad tras por el delito de peculado doloso en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
Asimismo, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Huánuco, ordenaron el pago solidario de 121 588 soles a favor del Estado, una vez que la sentencia quede consentida.
La ejecución de la condena a los exfuncionarios de la gestión del expresidente regional Luis Picón Quedo, fue suspendida hasta que la Sala Penal de Apelaciones, en segunda instancia, confirme o anule la resolución N° 12 del 27 de enero de 2026.
CASO. La investigación por corrupción que terminó en sentencia fue realizado por el fiscal Henry Palomino Polino y data del 17 de mayo del 2013, cuando el entonces presidente regional de Huánuco, Luis Picón y el consorcio Taulligan representado por Juan Palacios Jiménez firmaron el contrato para elaborar el expediente técnico de la «Ampliación de infraestructura educativa e implementación con mobiliario y equipo escolar en la Institución Educativa n°217 de la localidad de Taulligan” por 71 588 soles.
Según la acusación, los 71 588.24 pagados indebidamente por los ahora sentenciados Guzmán, Céspedes, Pajuelo, Yalico y Carlos Huamán, en sus calidades de director regional de Administración, logística, jefa de Adquisiciones, director de contabilidad y tesorería del Gobierno Regional de Huánuco.
Ellos, autorizaron y ejecutaron las fases de compromiso, devengado, girado y pago en el sistema SIAF, ello a favor del acusado Celso Claudio, representante legal de la empresa CRISBE SCRL (operador tributario del Consorcio Taulligan).
Dicho pago fue realizado a sabiendas de que el expediente técnico presentaba observaciones reiteradas, no contaba con informes de evaluación favorables del área usuaria y carecía de la resolución ejecutiva regional de aprobación final.
Asimismo, dichas personas dispusieron y autorizaron, de manera coordinada, una serie
de actos administrativos que resultaron en la emisión del comprobante de pago n° 18799 (registro SIAF 00016825) del 28 de febrero 2014, por el monto total del contrato de 71 588.24 a favor de CRISBE, empresa representada por Celso Claudio.
Para simular la legitimidad del pago, dicha persona emitió las facturas n° 00027, 00028 y 00029 (sin fecha) por los montos parciales de 21 476.47, 35 794.12 y 14 317.65, respectivamente, sin que existiera la conformidad del servicio requerida.
Asimismo, los acusados Hilda Ramírez (evaluadora del proyecto) y Roberto García (sub gerente de Estudios) facilitaron el desembolso al emitir, en un solo día (31 y 27 de enero
de 2014), los informes técnicos 02, 03, 04-2014 y 184,183,182 que solicitaban el trámite de los tres pagos, sin contar con la evaluación favorable ni la aprobación del expediente técnico, y sin deducir las penalidades por mora correspondientes.
Una vez materializado el pago total, el acusado Celso Claudio cobró el cheque por 71 588.24 soles el 1 de abril de 2014, posteriormente al ser descubierto, en un intento de simular la devolución parcial de los fondos, giró el cheque 00000101 del Banco Continental por 50 111.77 a favor del gobierno regional, el cual fue rechazado por falta de fondos al intentar su cobro el 23 de mayo de 2014.
De esta manera, los ocho acusados, mediante acciones conjuntas y conscientes, generaron un perjuicio patrimonial definitivo al Estado por el monto total pagado indebidamente, vulnerando los procedimientos de control y las cláusulas contractuales establecidas para la ejecución del servicio de consultoría.
Ocho fueron los investigados y acusados, en el proceso: Napoleon Carlos León falleció.
