El Perú atraviesa un periodo de elevada inseguridad. A junio de 2025, la delincuencia es uno de los principales problemas del país, por encima de la corrupción, para el 64% de peruanos adultos. Aunque en Huánuco esta percepción es levemente menor (57.8% de la población adulta), esta se ha incrementado frente a lo registrado en 2019 (41.9%).
Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el primer semestre del 2025, la región registró 805 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes, casi el doble que en el mismo periodo de 2019 (415). En particular, la extorsión se multiplicó por más de siete, al incrementar de 3 denuncias por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2019 a 19 en el mismo periodo de 2025. Las estafas también se dispararon, con 57 casos por cada 100 mil, casi cinco veces el nivel de 2019.
De acuerdo a la misma fuente, el avance de la minería ilegal en la región agrava la inseguridad, debido a sus vínculos con el crimen organizado. Entre enero y agosto de 2025, el Ministerio Público registró 90 denuncias por delitos vinculados a la minería ilegal en Huánuco, más de cuatro veces lo registrado en el mismo periodo de 2020 (22). En particular, Puerto Inca, epicentro de esta actividad, concentra un tercio de las denuncias. En el mismo periodo, esta provincia registró 27 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, casi el triple que en 2019. Este patrón se repite en las provincias de Leoncio Prado y Huánuco, donde las denuncias por extorsión llegaron a 25 y 40 por cada 100 mil habitantes, nueve y seis veces sus niveles de 2019.
Este panorama exige una respuesta inmediata de la PNP y de las autoridades regionales. No obstante, la inversión pública en infraestructura y equipamiento de orden público y seguridad en Huánuco es cada vez menor. En 2025, el presupuesto para estas actividades fue S/ 29.3 millones, 24.9% inferior respecto a 2019 (S/ 39.1 millones). Sumado a ello, persisten brechas para la ejecución de los recursos: en el primer semestre de 2025, solo se ha ejecutado el 31.9%, por debajo del promedio nacional (39.6%).
Las limitaciones para una ejecución eficiente y los menores recursos se reflejan en el escaso equipamiento vehicular y el mal estado de las comisarías en la región. A julio 2025, la PNP en Huánuco disponía de solo 68 vehículos, casi un cuarto, inoperativos.
Además, según el último informe del Ministerio del Interior, apenas el 28.9% de las comisarías en la región está en buen estado, por debajo del promedio nacional (30%). A esto se suma la baja confianza ciudadana: en 2024, solo 13.8% de la población declaró confiar en la PNP, menos que el promedio nacional (17.6%).
El avance de la criminalidad exige mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades mediante la dotación de equipamiento y modernización de las comisarías, priorizando mecanismos como el modelo de obras por impuestos (OxI) o asociaciones público-privadas (APP). Además, es necesario otorgar mayores recursos a la PNP y fortalecer su institucionalidad para recuperar la confianza de la población.
Por último, es urgente implementar estrategias integrales contra la minería ilegal mediante el trabajo de inteligencia para desarticular las organizaciones y una política de trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de suministro.
