La Empresa Prestadora de Servicios de Accionariado Municipal (EPS) Seda Huánuco S.A. anunció que acudirá al Poder Judicial para impugnar la sanción administrativa impuesta por la Intendencia Regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), luego de dar por agotada la vía administrativa en la entidad fiscalizadora.
La medida legal se toma tras la emisión de la Resolución de Intendencia N.° 00111-2026-SUNAFIL/IRE-HUA. En dicho fallo de segunda instancia, la autoridad redujo de oficio la multa inicial de S/ 122 194.00 a S/ 84 262.50, al corregir un error material y aritmético sobre una presunta infracción relacionada con el control de acceso a la Planta de Captación Canchán. Sin embargo, para la prestadora de servicios, los argumentos técnicos y legales de la sanción siguen siendo de fondo rebatibles.
Entre sus principales descargos, Seda Huánuco señala que el retraso en el ingreso del personal de la Sunafil, ocurrido el 10 de julio de 2025, no respondió a una negativa u obstrucción deliberada, sino al cumplimiento estricto de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Al tratarse de una instalación de alto riesgo, el acceso exigía el uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) y el acompañamiento de personal técnico calificado para resguardar la integridad de los inspectores.
Asimismo, la empresa cuestiona el criterio utilizado para calcular el monto económico de la sanción. Según Seda Huánuco, la entidad fiscalizadora consideró a la totalidad de la planilla institucional —193 trabajadores distribuidos entre las sedes de Huánuco, Tingo María y Aucayacu—, cuando en el área inspeccionada de la Planta Canchán solo laboraban cuatro personas. La EPS sostiene que esta aplicación vulnera precedentes vinculantes de observancia obligatoria fijados por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL).
Respecto a la requerida entrega de documentación, la prestadora aclaró que la información fue presentada de forma voluntaria y completa con dos días de retraso, hecho que —aseguran— no entorpeció la labor inspectiva ni impidió verificar el cumplimiento de las normas.
Finalmente, la gerencia de la empresa reafirmó su respeto por el marco legal, pero precisó que interpondrá un proceso contencioso-administrativo en defensa de los recursos institucionales. A la par, garantizó a la ciudadanía que el proceso judicial en curso no alterará la operatividad de la empresa ni afectará la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la región.
