La Sala Penal de Apelaciones de Huánuco programó para hoy 1 de diciembre de 2025 la audiencia de apelación presentada por la defensa de Álvaro César Berrospi Cárdenas y Manuel Alexander Nalvarte Loya, sentenciados por el delito de colusión en agravio del Poder Judicial.
El caso corresponde al expediente N° 954-2016 y será visto por los magistrados Rocío Marín Sandoval, Sandra Cornelio Soria y Santiago Malpartida Ramos.
La defensa técnica de los sentenciados interpuso el recurso con efecto suspensivo, alegando presunta vulneración del principio de congruencia procesal, al sostener que la condena se dictó por hechos no probados, falta de motivación adecuada en la resolución judicial, vulneración del derecho a la defensa y a la valoración de pruebas; y afectación del derecho al trabajo, considerado esencial para una vida digna.
CASO. En abril de 2023, el juez Luis Pasquel Paredes del Cuarto Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco condenó a Álvaro César Berrospi Cárdenas a 4 años de cárcel suspendida e inhabilitación por un año y ocho meses; y a Manuel Alexander Nalvarte Loya a 3 años de pena suspendida.
Ambos fueron hallados culpables de colusión y se les impuso el pago solidario de 16 mil soles como reparación civil.
Por el mismo caso, Vicitación Ávalos Rodríguez recibió una condena de 3 años de pena suspendida tras acogerse a la conclusión anticipada.
Según la acusación del fiscal Paolo Sánchez Rondón, Berrospi Cárdenas, en su calidad de asistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y miembro suplente del comité de adjudicación, habría favorecido indebidamente al Consorcio Hanna Coins EIRL y MMR, empresas vinculadas a los ahora sentenciados.
La fiscalía acreditó que Berrospi, pese a conocer las restricciones legales, se coludió con los empresarios para manipular el proceso de contratación de los “Servicios de mejoramiento del local de los Juzgados de la Provincia de Huamalíes en Llata”, valorizado en 46,700 soles.
Se simuló un préstamo de 25 mil soles para justificar la transferencia de la empresa MMR, operación que fue considerada fraudulenta.
El Ministerio Público sostuvo que la participación de Berrospi y Nalvarte fue decisiva en la adjudicación irregular, lo que derivó en la condena dictada en 2023 y que ahora será revisada en segunda instancia.
