Foto: rumbominero.com
En la provincia de Puerto Inca, hasta el viernes 5 de diciembre, se contabilizaron 77 concesiones mineras registradas, todas dedicadas a la extracción aluvional de oro, informó el ingeniero Marco Antonio Torres Marquina, exdirector regional de Energía y Minas, docente universitario y especialista en metalurgia y extracción minera.
Durante el foro “Minería Regional: impulsando el crecimiento sostenible”, Torres Marquina advirtió que Puerto Inca se ha convertido en el nuevo epicentro de la minería ilegal masiva de oro. Detalló que, de las 77 concesiones, 3 están extinguidas, 2 en condición de otros, 41 con título vigente y 31 en trámite. Además, existen numerosas parcelas sin registro o excluidas del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que operan en diversas cuencas hidrográficas de la provincia.
El especialista explicó que el auge de la minería ilegal en Puerto Inca responde a la migración de actividades desde zonas con mayor fiscalización, como La Pampa en Madre de Dios, debido al fácil acceso a recursos naturales y a la débil presencia estatal. Entre los factores que favorecen esta expansión mencionó la geografía del río Pachitea y sus afluentes, que funcionan como vías de acceso y zonas de operación, así como la pobreza y falta de oportunidades laborales que empujan a la población local y migrante hacia la promesa del “dinero rápido”.
Torres Marquina citó un artículo de Gabriela Llontop en la revista Rumbo Minero, donde se señala que Puerto Inca ya supera a Madre de Dios en impacto ambiental, con escasa fiscalización, contaminación hídrica y expansión criminal. Según estudios satelitales de Conservación Amazónica (ACCA), en lo que va del 2025 la deforestación superó las 1.050 hectáreas, el doble de lo registrado en 2024. Este avance afecta zonas como Yuyapichis, incluso áreas protegidas como la reserva privada Panguana.
El fiscal Eduardo Nina Cruz agregó que los mineros aprovechan la lejanía del territorio para operar con maquinaria pesada en cauces de ríos, pese a estar prohibido.
REINFO. Respecto al REINFO, recordó que el Congreso aprobó la ampliación del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026, suspendiendo las exclusiones salvo en casos de minería ilegal o en zonas no autorizadas. También se rechazó la propuesta de prohibir el uso de mercurio en la minería informal.
El experto expresó su preocupación por la deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y contaminación por mercurio, que afectan ríos, suelos y la cadena trófica, acumulándose en peces y poniendo en riesgo la salud humana. Señaló, además, la degradación de ecosistemas acuáticos, alteración de cauces e impacto en la pesca artesanal.
IMPACTOS. Torres advirtió sobre graves impactos sociales: vulneración de derechos humanos mediante trabajo forzado, explotación laboral —incluyendo menores de edad—, trata de personas y condiciones insalubres en campamentos mineros. También alertó sobre presencia de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, que generan conflictos sociales, extorsión, sicariato y enfermedades de transmisión sexual.
En cuanto a las comunidades indígenas y locales, mencionó el riesgo de invasión de territorios comunales y áreas protegidas, contaminación de fuentes de agua y alimentos tradicionales, así como la fragmentación social y cultural.
DESAFÍOS. El especialista subrayó la falta de articulación estatal y la debilidad de instituciones como MINEM, OEFA, PNP, DREM y Fiscalía Ambiental, que cuentan con recursos insuficientes para fiscalizar. A ello se suma la corrupción y la dificultad para desmantelar redes criminales, con un marco legal insuficiente.
Planteó la necesidad de fortalecer las leyes, impulsar la formalización de pequeños mineros y ofrecer alternativas económicas sostenibles. Propuso el uso de tecnologías limpias para extraer el oro aluvial, como la concentración gravimétrica avanzada, que sustituye contaminantes como el mercurio y cianuro, por métodos físicos basados en la densidad del oro. Estas técnicas, ya aplicadas en Puno, podrían implementarse en Puerto Inca con plantas modulares compartidas, capacitación y manejo sostenible del agua.
Concluyó que solo con normas claras, tecnologías limpias y compromiso institucional será posible enfrentar la minería ilegal y evitar que Puerto Inca se consolide como la capital de la depredación ambiental en la Amazonía peruana.
