A través de mesa de partes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco, la procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Huánuco, Krupskaia Beraun Aguirre pidió iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Amarilis.
La denuncia que consta de 48 páginas consignó a Roy Eleodoro Benel Meza en su calidad de gerente municipal, Viviana Sangama Flores en su calidad de presidente del comité de Selección, Mirko Eduardo Ávila Camacho, integrante del comité de Selección y los que resulten responsables.
El caso data del 8 de julio del 2025, cuando el jefe del Órgano de Control Institucional de la municipalidad de Amarilis y Contraloría General de la República informó sobre presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de vehículos para la gerencia de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad Distrital de Amarilis durante el 2023.
Indica que, de la revisión del informe de control específico, identificaron actos presuntamente irregulares cometidos por el comité de Selección de la municipalidad y algunos funcionarios. Es así, que Benel Meza en su calidad de gerente municipal habría propuesto y suscrito el formato n° 3 solicitud y propuesta de miembros para integrar el comité de Selección y habría propuesto a Mirko Ávila como primer miembro y a Bonnie Caqui Chaupis como suplente, Ceferino Beraun Ayala como segundo miembro y Marwin Mallqui Fernández como suplente.
La designación correspondía al área usuaria (gerencia de Sostenibilidad Ambiental) y no al gerente municipal. La propuesta fue realizada sin que Ávila Camac tenía vínculo laboral con la municipalidad, tampoco tenía conocimientos técnicos en contratación, esto porque dicha persona es un ingeniero civil y dicha profesión no guarda relación con la adquisición de los bienes (vehículos). Asimismo, es sindicado de suscribir el formato n° 4 designación del comité de Selección designando a Viviana Sangama, Mirko Ávila, Ceferino Beraun, Victor Arévalo Alvarado, Bonnie Caqui y Marvin Mallqui, sin verificar que Félix Antonio Victorio Egusquiza era el gerente encargado de Sostenibilidad Ambiental.
Dichas conductas contravinieron la ley de contrataciones del Estado e observaciones de las funciones establecidas de gerente municipal y los deberes y funciones generados de empleado público.
Es así que los miembros del comité (funcionarios) y servidor público obviaron procesos, procedimientos y plazos que conllevaron a qué postores resulten beneficiados con el otorgamiento de la buena pro, la suscripción del contrato y la inaplicación de penalidades. Afectando con dichas actuaciones el correcto funcionamiento de la administración pública y generando un perjuicio económico de 77981.94 soles.
Según el informe, Viviana Sangama en su calidad de gerente de Sostenibilidad Ambiental y miembro del comité de Selección de la licitación pública n° 002-2023 instaló el comité con el segundo miembro Ceferino Beraun. También suscribió el formato n° 5 que contiene el acta de instalación del 1 de agosto, pese que no tenía quórum para el funcionamiento.
La inusual rapidez en la que actuaron los integrantes del comité no les permitió darse cuenta que lo aprobado no era el proyecto de las bases integradas sino de las bases administrativas, las cuales generaron complicidad entre sí.
Según el informe, el comité de Selección designado de manera ilegal habría otorgado puntaje adicional a la empresa J&L Metal Group SAC por la oferta de disponibilidad de servicios y repuestos dentro de la región Huánuco o Pasco. También obviaron solicitar la reducción de su oferta económica de 2’573,600 (1745.110 por los camiones compactadores más 828.500 por el camión volquete), porque, el valor superaba el monto estimado de 2’512,941.58 el cual había sido considerado por la entidad.
El objetivo era la adquisición de camión baranda para el programa de reciclaje, pero los funcionarios en contubernio habrían afectado a la municipalidad por lo que recomienda requerir a la Oficina de Recursos Humanos el legajo y perfil de puesto de los posibles implicados. También está solicitando una pericia contable para determinar el perjuicio económico causado al Estado, requerimiento de las licitaciones, entre otras diligencias.
