Procurador del Gorehco y adjunto fueron denunciados por supuesto favorecimiento a consorcio

Por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y colusión agravada, fue denunciado el procurador del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, su colega el abogado Carlos Piñan Alcedo y los que resulten responsables.

La denuncia fue interpuesta por la coordinadora regional y apoderada de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Huánuco, Krupskaia Beraún Aguirre el 20 de noviembre del 2024, ante la Fiscalía Pernal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cabe señalar que fue la congresista Elizabeth Medina Hermosilla quien puso en conocimiento de la Procuraduría General del Estado a cargo de María Carhuajulca Quispe, los presuntos hechos irregulares por parte del procurador del gobierno regional Nolorve Rojas y el abogado Piñan Alcedo. Lo advertido es que conciliaron una controversia caducada en perjuicio del Estado, no se opusieron al pedido de un consorcio a pesar de haber sido solicitada fuera de plazo legal.

 

CASO. De acuerdo a copia de la denuncia al que tuvo acceso Tu diario, el Gobierno Regional de Huánuco suscribió un contrato con el Consorcio Chinchaysuyo en el 2014 para la ejecución de la obra: ‘Mejoramiento del servicio de comercialización de productos de primera necesidad – mercado de abastos de la ciudad de La Unión, en Dos de Mayo-Huánuco’, con una inversión de S/ 9 960 027.44. Sin embargo, durante la liquidación se generaron una serie de controversias.

En efecto, el 22 de setiembre del 2020 el consorcio que ejecutó la millonaria obra, solicitó convenientemente la conciliación para la liquidación técnica financiera de la obra pese a que estaba en curso un proceso e arbitraje, y cuando Carlos Nolorve Rojas, exabogado de la constructora, ejercía el cargo de procurador del Gobierno Regional de Huánuco.

“La solicitud de conciliación fue presentada a pesar de que existía un arbitraje en trámite en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, donde el gobierno regional, representada por otro procurador, se había opuesto por cuestión de competencia, puesto que en el convenio arbitral del contrato para la ejecución de obra, no se especificó si el arbitraje seria institucional o ad hoc”, dice la denuncia.

Indica que si bien Nolorve Rojas, no participó como defensor del Estado en este caso, debido a que anteriormente fue abogado del Consorcio Chinchaysuyo, tal como informó al gobierno regional en un documento del 18 de setiembre del 2020, por o mismo que “se abstuvo”; fue reemplazado por su “subordinado y hombre de confianza” Píñan Alcedo, quien fungió de procurador adjunto.

Por lo que según la denuncia “existió un acuerdo entre el Consorcio Chinchaysuyo, el procurador del gobierno regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas y el ‘adjunto’ de la procuraduría, Carlos Piñan Alcedo, para defraudar al Estado y causarle un perjuicio económico”.

Es por ello que la procuradora anticorrupción solicita que se adopten las acciones urgentes y necesarias a efectos de cautelar los intereses de la región.

La defensora de los intereses del Estado detalla en el documento, que el abogado Carlos Piñan, en representación de la procuraduría regional, admitió ir a proceso de conciliación con el consorcio para la liquidación de la obra, a pesar de que el documento fue presentado fuera de plazo de los 15 días que establece la norma de contrataciones.

De acuerdo al documento que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, la resolución de liquidación de la obra: ‘Mejoramiento del servicio de comercializacion de productos de primera necesidad – mercado de abastos de la ciudad de La Unión’, fue notificada a la empresa Consorcio Chinchaysuyo el 21 de febrero del 2017, y la solicitud de conciliación formulada por el contratista fue hecha el 22 de setiembre del 2020, después de tres años, lo que evidencia que a la defensa jurídica del Estado le correspondía oponerse por estar fuera de plazo, en caducidad .

Además, la Procuraduría Anticorrupción, indica que la conciliación de la controversia caducada causó un perjuicio económico al Gobierno Regional de Huánuco por la suma de S/585,967.44.

A fin de esclarecer este espinoso caso, Beraún Aguirre ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción cumplir una serie de diligencias como requerir al gobierno regional la copia de liquidación técnico financiera de la obra en mención, se cite a declarar al representante del Consorcio, Yenner Benites Torres; además se oficie a la Cámara de Comercio de Huánuco a fin de que emita toda la documentación respecto a la conciliación celebrada entre el gobierno regional y la empresa constructora.

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