Foto referencial: difusión Internet
Los ciudadanos indígenas de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, ubicada en la provincia de Puerto Inca, empezaron a abandonar sus tierras debido a las reiteradas amenazas de muerte que reciben por parte de traficantes de tierras, de madera y de droga, así lo hizo saber el líder yanesha Germán López, quien en julio del año pasado sufrió la pérdida de su cuñado Juan López Shamibiri, al ser atacado por maleantes que lo buscaban a él.
Desde esa fecha, German Lopéz, no ha vuelto a establecerse en su comunidad, ya que las amenazas y amedrentamientos no cesan. “Estamos pegados a la reserva Comunal del Sira, tenemos potencial, por eso nos invaden. Corro riesgo al velar por los derechos de mis hermanos”, expresó el líder yanesha, al señalar que las garantías para su vida no sirven de protección a su familia.
El pasado 25 febrero, el líder indígena contó todos los atropellos que sufren a través de un documento titulado “Socavando Derechos: la defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos”, en el que también cuestiona al Gobierno Regional de Huánuco que, en el año 2012, les quitó el reconocimiento como comunidad nativa, quitándoles así los derechos sobre sus tierras.
“Sinceramente, si mis hermanos salen, hay señores que en el camino, los atropellan, los lapean, los secuestran. Eso es una gran preocupación”, manifestó, al lamentar el asesinato de sus hermanos indígenas.
SIGUEN LOS ASESINATOS
En lo que va del año, dos jóvenes comprometidos con la defensa de sus bosques fueron asesinados, ellos son Herasmo García Grau, de la comunidad nativa Sinchi Roca y Yenses Ríos Bonsano, de la comunidad nativa Puerto Nuevo
En el 2020, otros cuatro líderes indígenas de esta triple frontera entre Ucayali, Huánuco y Pasco fueron asesinados. Los dos primeros crímenes ocurrieron en el mes de abril, en plena cuarentena por el Covid-19.
Primero mataron al líder indígena cacataibo, Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu; luego fue el turno de Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía. Dos meses después, en julio del 2020 fue ultimado el líder cacataibo Santiago Vega Chota, de la comunidad nativa Sinchi Roca, la misma a la que pertenecía García Grau.
Sobre el particular, Edgardo Rodríguez, director general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que actualmente hay 25 casos de líderes indígenas amenazados y asesinados en el Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos, que incluye a defensores ambientales.
AMENAZA CONSTANTE
Sobre el pedido de German López, el responsable de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, señaló que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el Gobierno Regional Huánuco, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y otras instancias, vulneran derechos de los defensores ambientales al impulsar la titulación de predios particulares en propiedades que son territorios de las comunidades indígenas.
Las comunidades Puerto Azul, Yamino, Mariscal Cáceres, Santa Rosa, Sinchi Roca, Puerto Nuevo, Santa Marta y Unipacuyacu, son territorios prácticamente tomados por invasores y se encuentran entre las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín, regiones que viven bajo amenaza del narcotráfico.
Según declaró para Mogabay Latam, el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques, la mayor causa de deforestación en los territorios indígenas se debe a los cultivos ilegales de coca y al narcotráfico. «Son 42 mil hectáreas deforestadas en el 2020 producto del narcotráfico», precisó el líder cacataibo.
“Los líderes indígenas de las comunidades nativas ubicadas entre las regiones Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín han denunciado, más de una vez, las amenazas que enfrentan por la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca ligados al narcotráfico y las invasiones constantes de sus territorios, donde se instalan personas dedicadas a estas actividades ilícitas que llegan incluso a formar caseríos en tierras nativas. Las comunidades, mientras tanto, siguen esperando por la titulación de sus tierras”, refiere el informe de la página de periodismo especializado en medio ambiente.
