La Contraloría General de la República detectó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Molino aprobaron pagos adelantados por trabajos que no se ejecutaron oportunamente en la pavimentación de calles de la localidad de Huarichaca y dejaron de aplicar penalidades, lo que generó un perjuicio de 196 mil soles en el periodo del alcalde Jean Kevin Sumarán Lino.
La pavimentación de los jirones 28 de Julio, Incaico, Jupirumi, Pascua de Reyes y Jishunrumi inició en julio del 2021 y culminó en abril del 2022 con un presupuesto de S/ 4 154 171.
Según el Informe de Control Especifico N° 060-2023-2-1404-SCE los funcionarios favorecieron al contratista, Consorcio JIREH con RUC 20608004808, al dar conformidad a las valorizaciones pese a que había trabajos que no se habían ejecutado. Durante cuatro meses aprobaron pagos adelantados, lo que permitió que la empresa tenga liquidez financiera para continuar la obra.
La partida del plan de monitoreo arqueológico nunca fue ejecutada, pero los funcionarios de la entidad pagaron como si se hubiera cumplido. Asimismo, aprobaron pagos adelantados por trabajos como la construcción de muros en varias calles, demolición de veredas existentes, estructuras de concreto, entre otros, que en su momento no estaban ejecutados dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, en la octava valorización el contratista solicitó la deducción, con ello se confirmó que la empresa cobro pagos adelantados, ya que según la cláusula décimo sexta del contrato la entidad debió aplicar penalidades por la presentación de valorizaciones de trabajos no ejecutados. Pese a ello, los funcionarios favorecieron al contratista con la aprobación de los pagos.
Esta situación generó un perjuicio de S/ 196 355 y como resultado de este informe, se identificó responsabilidad penal y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría a dos ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Molinos por favorecer en el pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados y no aplicar penalidades.
La Contraloría recomendó a la procuraduría pública a iniciar las acciones penales contra ex servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares.
