La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico superior a S/ 500 mil en la Municipalidad Distrital de Conchamarca. Los funcionarios de esta entidad pagaron al 100 % al contratista que no concluyó la construcción de la trocha carrozable de 8,196 kilómetros. Sin embargo, a pesar de ello aprobaron la liquidación del proyecto.
Según el Informe de Control Especifico N° 054-2023-2-0398-SCE son cuatro los funcionarios a quienes se les halló responsabilidad penal, de los cuales tres también tienen responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría. Los servidores públicos en el 2022 emitieron conformidades de valorización y pagaron al contratista S/ 3 246 216 sin advertir que había trabajos inconclusos en los tres tramos de la trocha carrozable.
El objetivo del proyecto vial era unir localidades desde el Cruce Tingo, Huaynacollca, Cruz Pata, Carhuancho, Yorgapirca y Gashapunta en el distrito de Conchamarca en la provincia de Ambo, pero faltaron ejecutar 446 metros de trocha de los 8 kilómetros y 196 metros que comprendía la apertura de la vía. En este tramo no se completaron trabajos de construcción de vía, apertura de cuentas, afirmado, señalizaciones, entre otras partidas.
En diciembre del 2021 luego de que concluyera el plazo contractual, la empresa de supervisión presentó a la entidad la conformidad técnica de la obra e informó el fiel cumplimiento del proyecto dentro del plazo establecido.
En enero del 2022 el comité de recepción de la obra recibió el proyecto sin tampoco observar los trabajos inconclusos. Posterior a la recepción se evidenciaron trabajos de limpieza de vías y cunetas, además, en julio del 2022 luego de que la entidad aprobara la liquidación de la obra, también se verificó que faltaban trabajos de señalización.
El perjuicio por las partidas no ejecutadas es de S/ 168 208 y por la inaplicación de penalidades al contratista por retrasos injustificados y mora es de S/ 346 308, lo que suma un total de S/ 514 516 77 de pérdida económica. El proyecto inició en febrero de 2021 con una inversión de S/ 3 246 216 y con un plazo 180 días calendario.
La Contraloría recomendó al procurador público especializado en delitos de corrupción a iniciar las acciones penales contra los ex funcionarios públicos comprendido en los hechos irregulares. El informe está publicado en el Buscador de Informes de Control.
