En audiencia maratónica que inició a las 8:30 de la mañana y culminó pasada de las 8:00 de la noche, el juez Samuel Cabanillas Catalán del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró infundado el requerimiento de cesación de prisión por 36 meses contra el mayor PNP Pool Solano Pérez.
Asimismo, declaró improcedente la revisión de oficio de la medida coercitiva personal de prisión preventiva y en consecuencia dispuso continuar con dicha medida para el comandante PNP Crhistian Arturo Toledo Loli, mayor de la Policía Rossbilt Mancilla Niño de Guzmán y el capitán PNP Gyno Luis Valderrama Mendoza.
Ante dicha decisión, los investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada “Los Elegantes de la Formación” que habría operado en la Escuela Policial del Valle del 2022 a diciembre del 2023 seguirán en el penal de Potracancha cumpliendo la resolución n° 5 del 10 de enero del 2024, donde el mismo magistrado declaró fundado el requerimiento de prisión presentado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
En la audiencia que fue presencial para los abogados, la defensa técnica de Mancilla Niño de Guzmán llevó a dos suboficiales del reciente egreso para que declaren a favor de dicho oficial, pero el pedido fue rechazado por el juez. Asimismo, el abogado Jhnoy Pablo Tafur leyó las declaraciones testimoniales de tres alumnos que a la fecha ya son suboficiales de la Policía, quienes entre otras cosas dijeron que no había una orden de dicho oficial para cobrar por el corte de cabello.
Aseguraron que Mancilla era una persona distante que cumplía con su función. Dichas declaraciones para el abogado eran nuevos elementos de convicción que desvanecía la tesis del Ministerio Público. También hizo referencia a las testimoniales que dieron los alumnos y hoy suboficiales Samir Garay Pardavé y Sergio Meléndez Guevara, quienes dijeron que fueron hostigados por la teniente de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) Huánuco, Cachay Echevarría para declarar contra los oficiales ahora detenidos.
Al final de la audiencia, el juez dijo que dichas declaraciones no pueden ser consideradas como nuevos elementos de convicción y al persistir el peligro procesal debe permanecer con la medida coercitiva para llegar a la averiguación de la verdad, esto con relación a los cobros irregularidades que iban desde el corte de cabello, agua, funcionamiento del cafetín, venta de exámenes DACA, permisos, salidas, entre otros, las cuales están plasmados en el requerimiento fiscal.
A su turno, la defensa técnica de Toledo Loli, dijo que su patrocinado no era un delincuente, sino un oficial de la policía y que, en estos más de ocho meses de investigación, la fiscalía no hizo ninguna diligencia con relación a dicho oficial para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el ex director de la Escuela Policial del Valle al dirigirse al juez pidió afrontar la investigación en libertad, porque quiere estar al lado de su hija que es una paciente psiquiátrica.
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Mientras el juez dispuso que los oficiales continúen privados de su libertad, la Sala Penal de Apelaciones Permanente desde el 8 de agosto que fue la audiencia de apelación no emite la resolución.
