En un informe emitido el 15 de noviembre 2022 y publicado recientemente, la Contraloría General de la República observó el contrato que hizo la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo con consorcio integrado por empresa del hermano del juez superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, César Gonzáles Aguirre; toda vez que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.
Según el informe de acción de oficio posterior nº 004-2022-2-0399-AOP del 15 de noviembre de 2022, publicado el 15 de este mes; la referida municipalidad convocó a proceso de licitación pública el 23 de junio de 2022 para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del estadio municipal Julio de la Mata Ariza en la localidad de La Unión”, otorgando la buena pro el 15 de agosto del mismo año al Consorcio Julio de la Mata Ariza.
Dicho consorcio está conformado por la empresa constructora San Martín de Porras SCRLtda y la empresa RE & F Contratistas SAC.
Según el mismo documento, el 31 de agosto de 2022 la comuna provincial suscribió el Contrato n. º 008-2022- MPDM/ALC por el monto de S/ 3’849, 048,25, con el representante legal en común del Consorcio Julio de la Mata Ariza, para la ejecución del proyecto mencionado.
La observación es a la Constructora San Martín de Porras S.R.L., cuyo representante legal es Jorge Luis Gonzales Aguirre, hermano del referido magistrado. La Ley de Contrataciones del Estado regula una serie de impedimentos para ser postor y/o contratista, entre ellos, señala que están impedidos los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los jueces de las cortes superiores de justicia, en el ámbito de competencia territorial.
“[…] siendo así, al ser el señor César Orlando Gonzales Aguirre, juez superior titular de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco y cuyo ejercicio de funciones abarca al distrito judicial de Huánuco, el cual comprende a las distintas provincias de la región, entre ellas, la provincia de Dos de Mayo; todos sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad se encontraban impedidos de ser postores, contratistas y/o subcontratistas en las entidades que componen las provincias del Distrito Judicial de Huánuco”, refiere el informe.
OTROS. En ese mismo mes de la emisión del informe en cuestión, el 11 de noviembre 2022, el órgano de control hizo la misma observación a la adjudicación dos licitaciones públicas de proyectos de inversión en el distrito de Quisqui a la empresa San Martín de Porras por S/650 200,85 y S/4 538 864,70 para la ejecución del “Mejoramiento y ampliación de servicios de transitabilidad de Rosapampa – Huamally en la localidad de Rosapampa”, y “Creación del sistema de riego de Pajchaj – Ashash en San Pedro de Cani”, respectivamente.
De la misma manera, fue cuestionada la adjudicación de la buena pro otorgada el 11 de noviembre de este año a un consorcio integrado por la Constructora San Martín de Porras S.R.L. en el distrito de Umari, provincia de Pachitea, para la ejecución de la “Instalación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura e implementación de la institución educativa La Punta” por S/ 33’678,706.98. Se conoció que en este caso el proceso fue anulado.
