Según la Contraloría General de la República, la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares en la provincia de Yarowilca, contrató a una empresa que ejecuta proyectos de saneamiento sin carta fianza, lo que expone a posibles incumplimientos y riesgos financieros. Asimismo, permitió que personal clave de las contratistas presenten constancias de trabajo carentes de veracidad lo que hace peligrar las obras.
En julio y agosto 2024, la municipalidad realizó tres procesos de selección para la ejecución de obra de agua y desagüe para localidad de Villa de Acobamba por S/ 4 700 518, para las comunidades de Sahuay, Ulluy y Rondobamba por S/ 9 358 426, y otra obra de pistas y veredas en Chupán por S/ 5 367 510. Actualmente son ejecutados.
En la firma de contrato, las empresas ganadoras de la buena pro no presentaron cartas fianza de los proyectos de agua y desagüe. La entidad aceptó la retención fraccionada de la garantía de fiel cumplimiento hasta completar el 10 % del monto contratado, la retención se efectuaría en cada pago y durante la ejecución de la obra en merito a la nueva Ley n.° 32077, pese a no estar dispuesto en las bases del proceso y no cumplir las condiciones de la referida Ley, lo que evidencia un beneficio de la entidad al contratista.
Asimismo, las empresas no acreditaron la disponibilidad de la maquinaria ofertada (volquete) afectando la transparencia en la firma de contrato.
Estos hechos fueron detallados en los Informes de Control Concurrente n.° 006-2025-OCI/1725-SCC y 007-2025-OCI/1725-SCC.
Del mismo modo, en el Informe de Control Concurrente n.° 008-2025-OCI/1725-SCC se señala que la empresa que firmó contrato para la obra de pistas y veredas en Chupan presentó constancias de trabajo carentes de veracidad del residente y del especialista de seguridad. Para acreditar experiencia del residente, aumentaron el número de meses por labor en una obra vial en el distrito de Huácar, y del profesional de seguridad se verificó que nunca laboró en el mismo proyecto.
Estos documentos carentes de veracidad conllevarían la declarar la nulidad de los contratos o podrían derivar en sanciones administrativas y legales para el contratista, además, pone en riesgo la continuidad de la obra.
