La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto agua potable y alcantarillado en la localidad de Huancahuasi a cargo de la Municipalidad Provincial de Ambo se desarrolla sin contar con el terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ni la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
A la fecha, el proyecto está suspendido y 424 familias aún no cuentan con dicho servicio.
De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio n.° 026-2023-OCI/0398-SOO, la construcción inició en diciembre del 2020 sin la autorización de la disponibilidad del recurso hídrico que otorga el ANA, que la entidad solicitó 48 días después de haber iniciado la obra, la misma que fue denegada. Esto se debió a que el derecho del uso de agua de los manantiales Huarmiragra y Atoguashin había sido autorizada a favor de la Municipalidad Distrital de Tomay Kichua que venía ejecutando un proyecto similar.
En agosto del 2020, antes que inicie la obra, la Autoridad Local de Agua del Alto Huallaga recomendó a la entidad municipal a solicitar la acreditación de demanda de agua que requiere el proyecto, o en su defecto buscar una nueva fuente de agua, pero, la entidad no realizó la solicitud, situación que género que en diciembre del 2021 la obra quede suspendida por 12 meses.
Tras el reinició de los trabajos, en diciembre de 2022, el residente informó que no se podrá construir la PTAR 2 ya que no se tenía disponible el terreno para la ejecución de dicha partida. Este problema género que en abril de este año la obra quede nuevamente suspendida hasta hoy. Según el contrato la obra debió culminar el 4 de diciembre de 2021.
Otro hecho preocupante fue que el supervisor trabajó de manera simultánea en otros dos proyectos como residente, tanto en la provincia de Leoncio Prado como en la región Huancavelica. Según la Ley de Contrataciones del Estado, el supervisor no puede prestar servicio en más de una obra a la vez, lo que habría generado que se efectúen pagos por servicios no recibidos. Además, el supervisor no tenía habilitación vigente por el Colegios de Ingenieros del Perú, a pesar de ello, suscribió el acta de suspensión de plazo de la obra.
Esta obra, con una inversión superior a los S/ 18 millones, está suspendida, por lo que los ciudadanos beneficiarios de esta comunidad ven postergado el acceso a dichos servicios básicos. La Contraloría recomendó al titular de la entidad a adoptar las acciones correctivas y asegurar la finalidad del proyecto.
