
Luego de las tratativas iniciadas en el 2019, tal como da cuenta la carta de oferta técnica con fecha 16 de abril de ese año, dirigida a la entonces presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, Ana María Chávez, por parte del propietario, César Fernández Berrospia; el 29 de diciembre del 2020, se concretó el arrendamiento de un edificio en el Jirón Dos de Mayo nº 1860 de la ciudad de Huánuco, con el fin de centralizar en un solo lugar las diversas fiscalías que ocupan locales dispersos.
Sin embargo, un año después; en el citado inmueble que consta de semisótano y siete pisos con un total de 85 ambientes por el cual pagan 44 mil soles mensuales, solo funcionan cuatro fiscalías y dos oficinas administrativas; ya que el resto continúa atendiendo en los mismos locales de antes por los que también pagan otro monto superior a los 12 mil soles por mes.
Según el contrato, el citado inmueble fue arrendado para el funcionamiento de las fiscalías provinciales penales corporativas, fiscalías provinciales civil y familia, Udavit (Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos), fiscalía provincial especializada en prevención del delito, fiscalía provincial especializada en materia ambiental, fiscalía provincial penal de Amarilis y fiscalía provincial transitoria de extinción de dominio.
CONTRATO. El contrato de arrendamiento fue firmado el 29 de diciembre del 2020 por la gerente general de Logística Katty Rodríguez Saldaña, la administradora del Ministerio Público de Huánuco, Denisse Jessica Rodríguez Gonzales, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, Ana María Chávez Matos y el propietario César Fernández Berrospi.
Previamente, con fecha 28 de diciembre 2020, de acuerdo a lo publicado en el Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), el órgano encargado de las contrataciones otorgó la buena pro de la Contratación Directa nº 025-2020-MPFN del inmueble en el jr. Dos de Mayo nº 1860, con semisótano y siete pisos con un total de 85 ambientes, 43 baños; ascensor, servicio de agua y desagüe, sistema eléctrico, cámaras de videovigilancia, sistema de intercomunicadores y otros.
Según el contrato, el monto total del arrendamiento por tres años (hasta diciembre del 2023) asciende a S/ 1’584,000, a razón de un pago mensual de S/ 44,000.
“El pago de la renta mensual se realizará por mes adelantado en la primera semana de cada mes”, detalla el documento.
JUSTIFICACIÓN. Según la administradora del Ministerio Público de Huánuco, Denisse Jessica Rodríguez Gonzales, no se trasladan todas las fiscalías a dicho local, debido a que no está habilitado el Sistema de Gestión Fiscal (SGF). “Sin ello no podemos trabajar, la habilitación de las redes, de puntos y conexiones, requiere un presupuesto de 100 mil soles y la sede central del ministerio público no tiene ese monto para desembolsarnos”, explicó.
¿Cómo es que inauguraron el local y hasta pusieron una placa recordatoria en cada piso, si no estaba habilitado para su funcionamiento? Ya pagaron más de medio millón de soles, casi sin ocupar y ¿no tienen presupuesto para habilitar dicho sistema? “Lo que pasa es que el presupuesto ya está destinado para el alquiler”, respondió Rodríguez.
Dijo que a la medida de sus posibilidades han logrado que hasta ahora funcione en dicho inmueble las fiscalías de trata de personas, de extensión y de violencia; además de la fiscalía ad hoc anticorrupción (instalado en octubre reciente) y las áreas de digitación y bienestar social.
La funcionaria ratificó que el objetivo del arrendamiento es para el funcionamiento de las fiscalías provinciales penales que ocupan un local del jr. San Martín en la ciudad de Huánuco; fiscalía penal – violencia familiar que está en Amarilis; así como de trata de personas, de extensión de dominio y otros.
Sobre el monto de pago del arrendamiento, del inmueble que lo tienen prácticamente como un ‘elefante blanco’, la administradora, dijo que no conocía, pese a que también fue la que firmó el contrato donde se detalla el costo total y mensual. “Es un costo que no lo tengo a la mano, porque no lo pagamos nosotros, lo pagan directamente de Lima”, refirió.
Respecto a los cotos por los otros locales que ya no debieran estar ocupando y se debió dejar de pagar desde enero de este año, dijo que por el local del jr. San Martín pagan 10 mil soles, donde funciona control interno 1200 soles y el de Amarilis otros 1200 soles.
Sobre el particular, el actual presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Roberto Castillo Velarde, también mencionó que falta presupuesto para la implementación del local arrendado. “Hemos requerido a Lima y nos dijeron que aún no hay presupuesto, se solicitó creo que 30 mil, tenemos que esperar el próximo año”, señaló.
Tras responder que no conocía el monto del arrendamiento, reiteró que la gerencia general le comunicó que no hay el presupuesto requerido para la implementación del sistema de redes. “Hemos reiterado el pedido, no podemos seguir pagando en vano por ese local”, reconoció.
ALGO MAS
En el contrato del arrendamiento, se precisa, además, que el Ministerio Público se encargará de los pagos de los servicios de energía eléctrica, agua potable y arbitrios.