Como parte de las restricciones que dictó al momento de leer la resolución, la jueza Merari Trujillo Padilla quien atiende el pedido de prisión para los investigados del caso “Los Negociadores de la Región”, anunció el impedimento para que la exgerente regional, Graciela Alcedo Guillermo, no salga de Huánuco sin previa autorización del juzgado.
“Hay un riesgo alto de fuga y para someterlo al proceso que está en trámite, más aún si el comportamiento de la ciudadana es de no someterse, de no presentarse a las diligencias, entonces vamos asegurar su residencia aquí impidiendo su salida de la localidad y del país como parte de las restricciones adicionales que vamos a imponer”, dijo la magistrada.
Asimismo, mencionó que para asegurar su presencia de Alcedo Guillermo en la investigación por la presunta comisión del delito de organización criminal, cuya pena máxima de ser hallada culpable sería de 8 años de cárcel, debe aplicarse los artículos 288 del Código Procesal Penal que es la comparecencia con restricciones, la 289 (caución económica) y la 295 (impedimento de salida del país). Asimismo, anunció que en la parte resolutiva que será leída en los próximos días detallará las reglas de conducta que la investigada deberá cumplir.
Adicional a ello, la magistrada consideró que el primer presupuesto, esto es los fundados y graves elementos de convicción que vinculaban a Graciela con el delito de organización criminal, no eran graves, no descartando la posibilidad que estaría involucrada en los hechos investigados por la Fiscalía Anticorrupción por la relación de confianza que existía con el ex gobernador regional y su sobrino Romel Alvarado, pero no era suficiente para privar de su libertad sin antes realizar otros actos de investigación.
Al respecto, el abogado Ramiro Surichaqui Campos, dijo que constituye un buen precedente no sólo para su defendida sino para todos los investigados en el presente proceso, pues evidencia el adecuado criterio que tiene la magistrada Merari Trujillo, respecto a los presupuestos normativos y jurisprudenciales de la prisión preventiva, que es la excepción y no la regla. Aseguró estar conforme con los fundamentos proyectados en audiencia y esperará el fallo respectivo, no descartando que la fiscalía apelará en el extremo de la comparecencia con restricciones, pues afirmó que están ‘obligados a hacerlo por presión mediática y no por una cuestión procedimental’.
Graciela Alcedo, junto a otras 12 personas hoy cumple 70 días de estar privada de su libertad sindicado de integrar la presunta organización criminal “Los Negociadores de la Región”, cuya finalidad habría sido eminentemente lucrativa, porque sus integrantes buscaron obtener el mayor provecho posible para hacerse ganadores de las contrataciones públicas utilizando personas y empresas de fachada para que figuren como supuestos adjudicatarios.
La fundamentación de la resolución continuará hoy desde las 9:00 de la mañana con Fernando Quispe Echevarría, presunto testaferro de Alvarado Modesto. En la audiencia del 6 de mayo, la magistrada anunció que para avanzar la resolución será leída en tres turnos.
Prisión para hijo de exgobernador
Luego de analizar los fundados y graves elementos de convicción expuestos por la fiscalía Anticorrupción de Huánuco, la jueza Merari Trujillo, declaró fundado el requerimiento de prisión por 36 meses contra Juan Lenon Alvarado Modesto (hijo de Juan Alvarado), uno de los 29 investigados con pedido de prisión preventiva en el caso “Los Negociadores de la Región”.
La jueza dijo que, si cumplía los elementos de convicción copulativamente, esto porque existe obstaculización que tendría el investigado y al no existir otra medida menos gravosa que la prisión preventiva y con el cual esté sometido al proceso de investigación.
El primer investigado para quien la jueza declaró fundado el pedido de prisión preventiva fue para Juan Alvarado Cornelio, ex gobernador regional de Huánuco, quien está detenido en el penal de Potracancha desde el 25 de marzo del 2023.
En este caso, la magistrada valoró peligro de fuga por el hecho de no haberse sometido a la investigación en el caso de las laptops, cuando el 25 de marzo del 2022 declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el entonces gobernador regional.
