En diálogo con Tu diario, el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Huánuco habló sobre la situación del Ministerio Público
A raíz del último cuestionamiento a la fiscal Vanesa Espinoza Cachis de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, realizada por los familiares de la suboficial de la Policía, Jenny Margoth Picón Díaz, quien falleció por una presunta negligencia médica en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Huánuco, Miguel Malpartida Mendoza concedió una entrevista a Tu diario.
Indicó que el Ministerio Público es una entidad con vocación de servicios y que los cuestionamientos antes de ser emitidas deben ser evaluados. Con relación a lo ocurrido, dijo que el mismo día que la agente murió, hubo un doble homicidio en Cayhuayna de dos ciudadanos colombianos. “La morgue atiende de acuerdo a la orden de llegada y tenemos sólo una sala de atención de necropsia y en el caso del homicidio demora un promedio de cuatro horas, porque aparte de la extracción de muestras para los exámenes biológicos hacen una exhaustiva búsqueda de los proyectiles de bala dentro del organismo”, manifestó.
Indicó que los fiscales trabajan de manera denodada pese a las dificultades que tienen como es el caso de la Unidad de Médico Legal que pese a ser unidad ejecutora tiene la falencia de médicos. “En el caso de la policía no es que hubo la intensión de demorar. Los fiscales estamos trabajando de manera denodada para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pese que nuestra remuneración no está acuerdo a ley”, manifestó.
Al referirse al sueldo que perciben, comentó que el gobierno con anuencia del Congreso aumentó el sueldo a los jueces y no a los fiscales. “Es una clara discriminación que hay contra los representantes del Ministerio Público y pese a ello estamos trabajando día y noche para cumplir nuestro deber y toda esa entrega es afectada por las afirmaciones inexactas que hacen sobre la actuación de la fiscalía”, explicó.
Aclaró que como presidente de la Junta de Fiscales Provinciales su preocupación es que la población esté atendida y los fiscales están al servicio de la ciudadanía pese a tener un sueldo discriminada y que no está acorde a la labor que desempeñan. “El Ministerio Público solicitó un presupuesto anual de 12 millones de soles para atender todas las necesidades y pese a ello el gobierno nos ha dado 1.9 millones, pero con todas estas deficiencias estamos trabajando”, declaró.
Al ser consultado sobre el sueldo de un juez y un fiscal provincial, dijo que por medidas de seguridad de los magistrados iba reservarse, pero la diferencia era alrededor de siete mil soles. “La ley dice que el sueldo de jueces y fiscales deben está homologado, lo que significa que un juez de paz debe ganar igual que un fiscal adjunto, un juez superior debe percibir igual que un fiscal superior, pero en la actualidad existe una diferencia, porque este gobierno solo aumentó el sueldo al Poder Judicial y no al Ministerio Público”, expresó.
Informó que el Ministerio Público y la Policía reciben todas las denuncias, las cuales son filtradas y en los casos que constituyen faltas son remitidas al juzgado de Paz Letrado y el resto que no es archivada en sede fiscal recién llega al Poder Judicial, donde el fiscal trabaja viendo la etapa de investigación preparatoria, juzgamiento y hasta la ejecución de la sentencia, mientras que el Poder Judicial hay jueces de investigación preparatoria, juzgamiento (colegiado) y la sala de apelaciones.
Pese al trato diferenciado que reciben, explicó que algunos fiscales acuden a las diligencias en sus propias unidades, exponiéndose al peligro. Informó que cada fiscalía corporativa tiene una fotocopiadora que es mutifuncional, porque saca copias, imprime y escanea. “Para cumplir con la función encomendada, cada fiscal lleva sus propios equipos”, señaló.
CONGRESO. Indicó que el fiscal vela por el cumplimiento de la ley, pero el Congreso de la República ha emitido modificatorias del marco normativo para la prisión preventiva dejando desprotegida a la población. “El marco normativo está beneficiado a la delincuencia y va en contra de la población y el Ministerio Público solo tiene que cumplir la ley. Resulta extraño que satanicen la conducta del fiscal en lugar de hacer un análisis respecto al marco normativo, porque han emitido normas de deshacinamiento, donde a las personas que están presas les están dando beneficios para que puedan salir”, expresó.
Aseguró que las normas son contrarias a la seguridad ciudadana y la población desconoce, razón por el cual cuestiona la actuación de los fiscales, sin analizar el marco normativo, donde antes para pedir una prisión preventiva la pena tenía que ser superior a los 4 años, pero en la actualidad es mayor a los 5 años. “El fiscal que es defensor de la legalidad tiene que cumplir la ley”.
“Porque no analizamos si estas normas en realidad están destinadas a combatir la delincuencia o no, quien es el beneficiado dando libertad a una persona menor de 25 años por no tener antecedentes”, dijo Malpartida Mendoza al tiempo de indicar que mientras esperan el resultado de la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Fiscalía de la Nación a las leyes aprobadas por el Congreso de la República, la fiscalía tiene ejecutar la ley pese que muchas veces es contraria al agraviado.
ALGO +
En el 2024 en el Distrito Fiscal de Huánuco, 21 fiscales renunciaron al cargo por múltiples factores relacionado a la carga procesal, presión social, entre otros temas.
