Mediante resolución número 38 emitido el 5 de agosto, la juez Floresmila Reyes Espinoza, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de Huánuco declaró fundado el requerimiento de autorizar judicialmente la ubicación y captura a nivel internacional de los investigados, Juan Manuel Alvarado Cornelio, Luz Janeth Rodríguez Ramos y Luis Bedregal Gonzáles, quienes tienen orden de prisión preventiva por 18 meses en el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la
modalidad de colusión agravada en agravio del Estado representado por el Gobierno Regional de Huánuco.
La magistrada dispuso oficiar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) esto con la finalidad que emitan una orden de ubicación y captura a nivel internacional con alerta roja para el ex gobernador de Huánuco, el empresario y la ex funcionaria. La medida fue solicitada en audiencia virtual por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde el fiscal a cargo del caso expuso los argumentos del porqué la Interpol debe entrar a tallar en la búsqueda de las tres personas que, incluso están incluidos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.
SIN RASTRO. El representante del Ministerio Público basó su pedido de búsqueda a nivel internacional de Alvarado, Bedregal y Rodríguez por el tiempo transcurrido desde que el juez de primera instancia declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. Explicó que, pese haber transcurrido cuatro meses y once días de aquel 25 de marzo del 2022, la Policía aún no logra ubicar a los requisitoriados, por lo que no descartan que teniendo los medios económicos suficientes pudieron haber salido del país, donde la policía peruana no tiene competencia.
La fiscalía basó sus argumentos en los movimientos migratorios que registra Alvarado Cornelio y Bedregal Gonzáles, por lo que existen sospechan que ambas personas hayan salido del país para no afrontar a la justicia por la irregular compra de 7995 computadores portátiles que habrían causado pérdidas económicas al gobierno regional.
CASO. La investigación que está a cargo del fiscal Iván Carrión Cabrera, fue tomada del informe de la Contraloría de la República, el cual está resumida en 15 tomos en el que intervinieron ingenieros de sistemas, abogados y auditores, quienes revisaron uno a uno los documentos, órdenes de compra, oficios, memorándums, etc., relacionado al proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Huánuco” del Gobierno Regional de Huánuco que consistió en la compra de 7995 computadoras portátiles a la empresa Pomme Corporativo SRL.
Según el informe, Juan Alvarado, Luz Rodríguez, Luis Briceño Jara, Ada Gonzáles Soto, Limber García Tafur, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Felipe Serna Acosta, Diego Hugo Bances Ballon, Luis Bedregal Gonzáles y otros habrían direccionado la compra y que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de ser entregadas a los docentes, habrían sido reensambladas, esto debido que el peritaje determinó que reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB) que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte) requerida en la orden de compra. Asimismo, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas.
Según el informe de Contraloría y el cual fue tomado por el fiscal Carrión Cabrera, los funcionarios que están incluidos en la investigación dieron conformidad a la recepción de 7995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 equipos de cómputo. Los responsables habrían transgredido la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por 23 225 490,04 de soles.
PRISIÓN PREVENTIVA. El 25 de marzo, luego de varios días de audiencia, el entonces juez Elmer Contreras Campos declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Juan Alvarado, Luz Rodríguez y Luis Bedregal. A través de sus abogados apelaron la resolución número 14 y por fechas separadas, los jueces superiores resolvieron el recurso de apelación de la ex gerente de Desarrollo Social, la obstetra Rodríguez Ramos y del empresario Luis Bedregal para quienes confirmaron la medida coercitiva de prisión preventiva por 18 meses.
Está pendiente la audiencia de apelación del exgobenador Juan Manuel Alvarado el cual fue reprogramada para el 11 de agosto a las 5:00 de la tarde.
Por el caso de las laptops, el juzgado dispuso prisión preventiva para tres, mientras que Luis Briceño Jara, Limber García y Darwin Frank Campos Soto están con comparecencia con restricciones y los otros cinco con comparecencia simple.
ALGO +
El Ministerio del Interior a través del Programa de Recompensas ofrece 30 mil soles por la ubicación y captura del ex gobernador de Huánuco.
