La fiscal Gavi Violeta Hilario Calixto, de la Fiscalía Provincial de Familia de Huamalíes, en coordinación con el director de la Red de Salud del sector, logró el rescate de Juan Espinoza Eguizabal, de 85 años, quien vivía en condiciones deplorables dentro de una cueva alejada del caserío Nuevas Flores, distrito de Jacas Grande.
La investigación se inició el 27 de septiembre de 2025 y concluyó que el octogenario no tenía familia, encontrándose en total desprotección. Ante esta situación, la fiscal solicitó al Juzgado de Huamalíes su internamiento en la casa de reposo “Mis Abuelitos” del padre Oswaldo Rodriguez Martínez, ubicada en Cochachinche, provincia de Ambo.
Previamente, Espinoza fue trasladado al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde permanece en observación médica.
Espinoza, conocido como Juancho, es quechuahablante y presenta dificultades auditivas, lo que complicó la comunicación con las autoridades.
En septiembre de 2025, el Reniec le entregó su DNI, garantizando su derecho a la identidad y acceso a servicios del Estado. La Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) lo ubicó en su vivienda y gestionó su inscripción extemporánea de nacimiento, además de coordinar su afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y su ingreso a programas sociales del Midis.
Vecinos como Betsabé Serna relatan que Juan sobrevivía gracias a la caridad, pidiendo víveres y ropa. Su frase más repetida era “Apacuyne cansu”, que en quechua significa “No tengo víveres”. Pese a los intentos de trasladarlo a viviendas construidas por la comunidad, él prefería permanecer en su rincón, encendiendo fogatas con ramas húmedas durante el invierno.
Según estadísticas del Reniec, el 99.2% de la población peruana cuenta con DNI, mientras que el 0.8% aún no está identificado. Para cerrar esta brecha, la entidad realiza campañas itinerantes gratuitas en zonas alejadas. Solo en Huánuco, entre enero y agosto de 2025, se efectuaron 9,613 trámites de DNI, de los cuales 1,406 correspondieron a adultos mayores de 65 años.
El caso de Juan Espinoza refleja la vulnerabilidad de muchos adultos mayores invisibilizados y la importancia de garantizar el derecho a la identidad como puerta de acceso a la salud, programas sociales y una vida digna.
