La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por S/ 3 002 331 por la adquisición irregular de equipos biomédicos para el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano debido a que los bienes no cumplen con las especificaciones técnicas, carecen de sustento clínico, situación que ha ocasionado que permanezcan sin uso, almacenados en los pasadizos del nosocomio.
La compra fue realizada por el Gobierno Regional de Huánuco, como parte de la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del mencionado establecimiento de salud, con una inversión total de S/ 8 369 031.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 082-2026-CG/GRHC-AC (evaluado del 1 de enero de 2021 al 31 marzo 2025) se indica que en el 2023 se adquirió un Eximer Láser para la Unidad de Oftalmología pese a que la Norma Técnica de Salud ya no lo contemplaba como parte del equipamiento para establecimientos de nivel III; además, el hospital regional no cuenta con un ambiente quirúrgico adecuado para su funcionamiento.
Han pasado más de dos años y el equipo permanece almacenado y sin uso debido a que no se sustentó la necesidad de su adquisición. El equipo láser se utiliza principalmente para cirugía refractiva, procedimiento que no es cubierto por el Seguro Integral de Salud. Asimismo, su mantenimiento semestral supera los S/ 91 000; pese a ello, la entidad lo aprobó generando un perjuicio económico de S/ 2 383 801 por el uso ineficiente de recursos públicos.
En el mismo año se realizó otro proceso de licitación, en el que se adquirieron equipos de anestesia para la Unidad de Cirugía que no cumplían en su totalidad con las especificaciones técnicas, tampoco fueron instalados ni puestos en funcionamiento y, pese a ello, la entidad otorgó la conformidad y realizó el pago ocasionando un perjuicio adicional de S/ 215 600.
Asimismo, en el 2024 compraron 37 coches de paro para diversas unidades hospitalarias; sin embargo, no fueron entregados con la marca de resucitadores ofertados, según las actas de recepción, evidenciando el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Tampoco fueron instalados ni se brindó capacitación al personal correspondiente. Aún así se otorgó la conformidad y se pagó al proveedor generando un tercer perjuicio de S/ 402 930.
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en diez funcionarios públicos, quienes habrían permitido el uso inadecuado de los recursos del Estado y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los responsables.
