En mérito al acta de constatación policial realizada el 26 de junio en el humedal El Totoral de Huachog, ayer, el fiscal de Medio Ambiente, César Gonzáles Ramos, convocó a una reunión extraordinaria en la sede del Gobierno Regional de Huánuco, esto debido a que en la visita que los policías hicieron al mencionado lugar, los usurpadores presentaron certificados regionales de dominio que supuestamente fueron entregados por el entonces gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio y el procurador regional, Juan Carlos Nolorve Rojas, quien según los documentos fue representado por el abogado Julio Verátegui Calzada.
El 23 de junio del 2022, dicho abogado presentó un escrito adjuntando 90 certificados regionales de dominio a favor de la denominada “Asociación Fundo Aguajal”, cuyas áreas posesionadas son intangibles en virtud a la Ordenanza Regional n° 058-2016.
Respecto a los documentos, el fiscal Gonzáles dijo que eran apócrifos, por no tener amparo legal y por no existir antecedentes administrativos ni autos de administración que avalen, esto con relación a los supuestos: acuerdo de Consejo Regional n° 153-2020, ordenanza regional 111-2020 y resolución regional 674-2020.
Dichos números de documentos están anotados en los certificados de dominio, pero analizando cada uno de ellos llegaron a la conclusión que tratan de otros temas distintos al reconocimiento de posición. Las siglas y nomenclaturas insertados en los trámites documentarios difieren de los oficiales y con relación a las firmas del procurador, Carlos Nolorve, informó que denunció ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos a Donato Saavedra Román y Eladia Aguirre Morales.
A su salida de la reunión, el fiscal Gonzáles Ramos, habló de los certificados de dominio que los invasores presentaron para justificar su presencia en el humedal El Totoral. “Necesitamos identificar a esas personas, porque no puede generarse impunidad amparados en documentos apócrifos y tomar posesión de un área de conservación”, declaró el fiscal al tiempo de informar que las personas que tomaron posesión de áreas intangibles presentaron documentos que tiene la firma del ex gobernador Juan Alvarado y la procuraduría.
Indicó que la ordenanza regional y el acuerdo de consejo no condice los actos de disposición fiscal, esto debido que no pueden disponer libremente de bienes estatales. Explicó que, el área invadida tarde o temprano será recuperada, así los usurpadores realicen construcciones. “El hecho de estar posesionados de un área de conservación regional, tiene un blindaje de carácter legal, así pueden construir un edificio de diez o quince pisos necesariamente serán recuperadas, los que están invirtiendo lo están haciendo en el área de conservación”, declaró.
DESALOJO. Asimismo, el fiscal de Medio Ambiente, informó que la ejecución de sentencia para el lanzamiento de todas las personas que están posesionadas de manera ilegal en los humedales del Totoral, está en manos del juez que debe señalar hora y fecha para el cumplimiento.
Recordó que, alrededor de nueve hectáreas de El Totoral, son consideradas áreas de conservación regional, por lo que en este caso no cabe ningún medio impugnatorio al respecto para evitar el desalojo de los invasores que están en el lugar desde el 2018.
Asimismo, cuestionó la pasividad del Gobierno Regional de Huánuco, cuyos representantes no cumplieron la disposición de cercar el área poniendo hitos o hacer posicionamiento y así evitar nuevos ingresos de invasores, lo que finalmente ocurrió el 25 y 26 de junio. “El gobierno regional tiene la ministración de posesión mediante acta de continuación de diligencia de desalojo y ministración provisional en el expediente 1521-2017-35 del 20 de noviembre de 2018 y hasta la fecha no han cumplido con tomar posesión efectiva, a través de su equipo técnico y directores de línea, lo que viene condicionando, por su desatención que personas al margen del estado de derecho reiteradas veces pretendan tomar posesión del área que fue objeto de recuperación judicial”, dice el oficio 1458-2022 que el fiscal envió al gobernador regional Erasmo Fernández Sixto.
Explicó que está pendiente el juzgamiento vía oral a los responsables que, por la recargada labor del Poder Judicial programaron para el 2023, pero esto no quita el mérito que en el proceso civil está pendiente la ejecución vía lanzamiento para que puedan recuperar las áreas.
Finalmente indicó que cualquier acto de posicionamiento sobre un área que es de dominio y de uso público está prohibido, más aún en áreas de conservación como son los humedales El Totoral, el cual constituye el delito de usurpación agravada mediante actos ocultos y alteración del ambiente y paisaje.
ALGO +
En la reunión, el fiscal recomendó al director regional de Agricultura que cumpla bajo responsabilidad de realizar el cercado del área de conservación regional con hitos y cercos.
