Quien debiera plantear alguna acción legal en nombre de la comuna huanuqueña es la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Huánuco, a cargo del abogado Homero Dávila. Sin embargo, hasta el viernes 15 de octubre a horas de vencerse el plazo para cuestionar la validez del contrato de la cesión del parque Puelles a favor de la empresa Urbi Propiedades; tal parece que no movió un dedo en defensa del interés público.
“Hace mucho tiempo que le alertaron al procurador Homero Dávila, ahora dice que necesita un informe legal y autorización del concejo, pero parece que es una justificación porque no quiere plantear ninguna acción; está buscando una sinrazón; al parecer hay supuestos negociados”, manifestó un concejal.
El 18 de octubre de del 2011, el entonces alcalde Jesús Giles Alipázaga, suscribió un contrato de entrega gratuita por 70 años del parque Puelles a Urbie Porpiedades, para la construcción de lo que hoy es Real Plaza. Sin embargo, esa cesión de uso devino en ilegal, porque la Sunarp observó la escritura y no lo registró.
Sin embargo, tal acto, cumple hoy diez años, sin ninguna objeción y según el abogado especialista en rema ambiental, Eliseo Talancha Crespo, cualquier cuestionamiento legal por la validez de ese contrato tiene un plazo de diez años según el Art. 2001 del Código Civil. Si no se formula cuestionamiento alguno adquirirá validez, perdiendo la oportunidad de que legalmente pueda plantearse su nulidad o ineficiencia jurídica den defensa del bien colectivo.
“Esa cesión se hizo al margen de la opinión técnica legal de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Se ha actuado al margen de la ley y se ha dispuesto de un bien en contra de la Constitución, por lo que hay causales que podría invalidar jurídicamente ese acto celebrado a favor de Urbi Propiedades”, refirió Talancha Crespo.
Talancha también dijo que quien está llamado a objetar en defensa del interés público, es la procuraduría de la municipalidad de Huánuco y el alcalde. Si no lo hacen, incluso no hay intervención de los regidores; serían responsables de una omisión dolosa.
El abogado sugirió que hasta hoy, 18 de octubre, debe interrumpirse la prescripción, planteando la nulidad de ese acto jurídico, para ver la forma de renegociar ese contrato. Si no se hace eso, no se podrá cuestionar la cesión y adquirirá seguridad jurídica en beneficio de Urbi Propiedades, en perjuicio del interés público.
