El Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) decidió resolver el contrato para la adquisición e instalación de mobiliario clínico en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, valorizado
en S/ 3 ‘877, 400.00 soles. ¿El motivo? La acumulación de la máxima penalidad por mora, por parte de la empresa Beramed E.I.R.L. El contrato fue suscrito el 2 de marzo del presente año, asumiendo el compromiso de hacer la entrega en treinta días calendarios; sin embargo, a la fecha, esto no se concretó.
La decisión de resolver el contrato se hizo oficial a través de la Resolución Ejecutiva Regional n°350-2022-GRH/GR, en la que, la entidad informa su decisión, tras revisar el informe presentado por el administrador de contratos de obra de la Subgerencia de Obras y Supervisión, que detalla que, el 22 de marzo el proveedor solicita definir el color del mobiliario, cuando el plazo para entregar vencía el 27 de marzo; pero, no solo ello, el hecho de solicitar el color es una justificación no viable, ya que, estaba descrito en las bases del proceso.
Luego de ello, mediante la carta n°046-BM-2022, el contratista solicita una nueva ampliación de plazo por no existir pintura en el mercado según la respuesta negativa de cotización, sin precisar el tiempo de plazo. Dicha solicitud, al igual que la anterior, se presenta, según la entidad, tras haberse superado los 21 días calendarios de la probable ampliación de plazo, siendo la culminación el 22 de abril de 2022.
Posterior a la presentación de la solicitud, la empresa Beramed E.I.R.L., continúa reiterando solicitudes e, incluso, llegó a argumentar que la entidad le había demorado en contestar; sin embargo, ya el 7 de abril, el subgerente de Obras y Supervisión, Marcos Sáenz, le había indicado que se debía de uniformizar los colores según lo especificado en las bases integradas.
Ante ello, el Gobierno Regional Huánuco, aclara que, la solicitud presentada por parte de la empresa el 29 de marzo, fue cuando el plazo de entrega del bien ya se encontraba vencido. Además, en ese momento, la subgerencia le habría contestado que la definición de colores no afectaba la funcionalidad, además que existían colores definidos en ciertos bienes que por criterio de uniformidad deberían haber sido acogidos por el contratista, dejando expresó que dicha solicitud no se considera importante para la ejecución contractual.
Bajo estos acontecimientos, el gobernador dispuso que la Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, determine y cuantifique el perjuicio ocasionado a la entidad.
ALGO +
El hecho se derivará a la Procuraduría Pública Regional, para que en ejercicio de sus funciones califique los hechos e inicie las acciones legales que correspondan.
